Las elecciones celebradas en Ecuador hirieron profundamente al presidente Guillermo Lasso. A dos años de su llegada, su gobierno recibió un cachetazo de desaprobación luego de que en las urnas se impusiera en las ciudades más pobladas la Revolución Ciudadana del asilado Rafael Correa.
El correísta Aquiles Álvarez terminó con 31 años de gobiernos de derecha en Guayaquil. El correísmo también se impuso en Quito, Manabí, El Oro, Azuay y la prefectura de Guayas.
Los ecuatorianos rechazaron de lleno todas y cada una de las propuestas del referéndum que impulsó Lasso. El descontento ciudadano a las políticas fiscales del gobierno pasaron factura. Así, la consulta más promocionada en materia de seguridad se evaporó y se cerró la posibilidad de que los narcotraficantes sean extraditados en casos en que se llevan procesos penales en su contra en otros países.
Ecuador terminó 2022 con el peor número de su historia en muertes violentas, contabilizando 4.539 asesinatos, más del doble de lo que se había registrado el año anterior.
Lasso reconoció la derrota y llamó a un acuerdo nacional. Desde Bélgica, Rafael Correa le respondió que “el gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones”. Legisladores de distintas tendencias opositoras pidieron que el presidente adelante las elecciones programadas para 2025, invocando la “muerte cruzada”, una cláusula constitucional que solo puede activarse por única vez durante los primeros tres años de mandato presidencial, ya sea por parte del Ejecutivo o votación legislativa, para disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones en un plazo de seis meses. Esta opción ya fue rechazada por la bancada oficialista.
A Lasso le quedan dos años de mandato que deberá sortear entre el descontento ciudadano, la violencia callejera, el narcotráfico, la deslegitimidad y una mayoría opositora en la Asamblea que no le hará las cosas fáciles.