El Parlamento uruguayo dio media sanción a una ley de eutanasia para "regular la muerte digna"

El proyecto, impulsado por oficialista el Frente Amplio y por sectores de la oposición, establece que podrán solicitar el procedimiento las personas mayores de edad, con plena capacidad de discernimiento, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en fase terminal, o que sufran dolores físicos o psíquicos que resulten insoportables. La decisión deberá contar con el aval de al menos dos médicos y estará limitada a ciudadanos uruguayos o a extranjeros con residencia legal en el país.

La norma describe la eutanasia como un acto destinado a ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” para quienes cumplan con las condiciones establecidas. El texto precisa que la solicitud debe ser voluntaria, libre de presiones externas, y que el paciente podrá desistir en cualquier momento antes de la aplicación del procedimiento.

En Uruguay, el debate legislativo sobre la eutanasia se remonta formalmente a 2019, aunque propuestas previas no prosperaron. En 2022, un proyecto similar fue rechazado en el Senado. Actualmente, la legislación vigente —aprobada en 2013— reconoce el derecho de los pacientes con enfermedades terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados en el Código Penal como “homicidio piadoso”, figura que contempla penas atenuadas.

El texto aprobado esta semana en Diputados es el resultado de meses de trabajo en la Comisión de Salud de la cámara, que dio su aval en julio pasado. El proyecto será remitido ahora al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, y sus impulsores aspiran a que sea votado antes de fin de año.

A nivel internacional, la eutanasia y el suicidio asistido están autorizados en países como Bélgica, Países Bajos, España y Canadá, así como en algunos estados de Australia y Estados Unidos, cada uno con requisitos y procedimientos propios. En todos los casos, la discusión pública gira en torno a un delicado equilibrio: garantizar la autonomía de los pacientes que desean poner fin a su vida, y asegurar que el proceso se realice bajo estrictas salvaguardas éticas y médicas.