El conflicto con los pueblos originarios, un tema sin solución en Chile

Mucho se habló de los pueblos originarios en el último tiempo. Con la escalada de tensión en Villa Mascardi, tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Maipú, que había ocupado tierras, se volvió a poner de manifiesto una problemática que no es nueva en Argentina.

Pero del otro lado de la cordillera, en Chile, en la zona de la Araucanía se vive en un estado de alerta permanente y pese a que haya gobiernos de distinto signo político que intentaron soluciones diferentes, el conflicto sigue vigente.

Actualmente, en Chile viven 11 pueblos indígenas. El más grande es el mapuche, seguido por el Aymara, Diaguita, Atacameño y el Quechua. Es el único país de América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas. Es por eso que uno de los artículos de la nueva Carta Magna hablaba del reconocimiento de dichos pueblos. Tal es así que planteaba como premisa un estado plurinacional.

El artículo redactado por la Constituyente desató tantas críticas que fue uno de los señalados como causantes del rechazo que ganó en las urnas del pasado 4 de septiembre.

Apenas dos meses después de haber llegado a la presidencia, Boric tuvo que militarizar parcialmente la zona de conflicto estableciendo un “estado de excepción acotado” en el que los militares tenian permiso para custodiar las rutas y carreteras de la región de la Araucanía, pese a que desmilitarizar la zona había sido una de sus promesas de campaña.

Pero éste es un conflicto al que han tenido que enfrentarse todos sus predecesores sin que ninguno de ellos pueda encontrar una solución para acabar con la raíz del problema.

El conflicto mapuche en Chile

Yendo concretamente al problema de fondo con los mapuches, primero hay que aclarar que esta comunidad representa casi al 12% de la población chilena total, siendo 2 millones de habitantes extendiéndose entre Argentina y Chile. En el país trasandino, esta comunidad está concentrada en las regiones de Bio Bío y la Araucanía. De hecho, fue este pueblo quien quiso evitar a toda costa la llegada de los colonizadores españoles y no permitió que sus tierras fueran sustraídas.

En el SXIX, después de la creación del estado de Chile, muchos territorios fueron ocupados por el Estado en el proceso conocido como la pacificación de la Araucanía. Pero los mapuches no abandonaron sus reclamos. De hecho, en la última década fueron intensificando los pedidos a falta de políticas que les dieran los derechos que reclamaban, siendo el principal problema la falta de reconocimiento de manera explícita en la Constitución.

Los enfrentamientos más grandes se dieron a raíz de que el asentamiento de empresas agrícolas y forestales en la región, por lo que denuncian hubo afectaciones del territorio de la industria maderera y ganadera perpetrando lo que califican como un ecocidio que los marginó.

Sólo a modo de ejemplo, antes de la colonización, el territorio mapuche tenia 100 km2 y ahora sólo cuenta con el 5 por ciento. Si bien no fueron todos, hubo un sector radicalizado de mapuches que atacó fábricas, camiones, cortaron rutas y terminaron en enfrentamientos que dejaron a indígenas y militares fallecidos. Sin embargo, también es justo destacar que otros grupos optaron por ocupar cargos en espacios institucionales y la protesta pacífica.

En el gobierno de Sebastián Piñera la respuesta a dichos ataques fue la violencia y la represión policial, lo que enardeció aún más a algunas facciones.

En el año 2021, el entonces presidente decretó el estado de excepción y señaló al movimiento organizado CAM como un grupo terrorista. Dicho grupo se define como autonomista y defiende lo que llaman “una resistencia armada” ante una violencia que según denuncian es estructural. Sin embargo, algunos congresistas de la región denuncian que estos grupos radicalizados pretenden intimidar y ejercer el terrorismo para traficar madera, droga y perpetuarse en el poder buscando destruir el modelo democrático de Chile.

Cabe destacar, que el pueblo mapuche no está representado únicamente por grupos radicalizados y si bien todos desean el reconocimiento, no todos pretenden llegar de la misma manera, utilizando la violencia como medio.

Es por eso que la idoneidad y la capacidad de negociación del gobierno de turno, tiene que ser una de las herramientas más potentes para solucionar este ancestral problema que cada vez escala más.

Un dolor de cabeza para Boric

Previo al resultado del rechazo a la nueva constitución, Gabriel Boric ya sabía que se vendría una derrota que lo debilitaría a nivel político e institucional. Y este tema estuvo en el centro de la polémica.

De hecho, días antes de la votación, el mandatario dio una entrevista a una revista extranjera en la que dijo que aunque el Estado de excepción no fuera la solución, fue la herramienta que encontró su gobierno por los graves problemas de seguridad.

Y si bien diferenció a los grupos radicalizados que no tenían voluntad de diálogo con la comunidad mapuche en general, también reconoció la capacidad de fuego y el peligro que representa la militarización de una zona en la que también viven civiles.

Tal es la marginación que se vive en el sur de Chile que la desinversión llevó a niveles de pobreza estructural que genera, a su vez, una escalada de violencia en espiral que se intensifica con las bandas criminales por la desidia estatal.

Si bien Boric promete impulsar el diálogo y terminar con el estado de excepción, resta saber si su su apuesta logra calmar un conflicto centenario que hasta ahora nadie pudo detener.