Las protestas sociales en Irán continúan ocupando las tapas del mundo debido a los violentos episodios que inundan las calles. Si bien fueron declarados 3400 los muertos de forma oficial, no descartan que se trate de muchos más.
Aseguran que el 90% del país está en contra del régimen y que los motivos de la revuelta en las calles fue puramente económico.
Las protestas sociales en Irán continúan ocupando las tapas del mundo debido a los violentos episodios que inundan las calles. Si bien fueron declarados 3400 los muertos de forma oficial, no descartan que se trate de muchos más.
Hamid Hosseini, portavoz de la asociación iraní por los Derechos Humanos en España, denunció una grave escalada represiva en Irán, al advertir que la cifra oficial de víctimas mortales durante las protestas está muy por debajo de la real y que el Poder Judicial actúa como una herramienta del régimen para infundir miedo en la población.
“De los casos de fusilamientos no tenemos información confirmada”, señaló en C5N, al tiempo que alertó sobre la inminencia de nuevos juicios y sentencias. En ese sentido, indicó que el jefe del Poder Judicial anunció procesos rápidos, mientras que dejó en claro la intención de crear un clima de terror mediante la ejecución de manifestantes, con el objetivo de desalentar la protesta social.
El activista fue particularmente crítico del funcionamiento del sistema judicial iraní. Afirmó que "los detenidos no cuentan con garantías procesales, que los juicios se realizan a puertas cerradas y que ni siquiera tienen derecho a abogados defensores". “La Justicia en Irán no coincide con la realidad. Las sentencias no las determina un juez independiente, sino la policía y el poder político”, denunció.
Hosseini explicó que la "chispa inicial de la rebelión fue de carácter económico, en un contexto de profundo colapso". “Hace meses que la población no tiene qué comer. La alimentación básica triplicó su precio en apenas tres meses y la moneda se depreció fuertemente frente al mercado”, describió. Sin embargo, remarcó que ese malestar derivó rápidamente en un reclamo político más amplio.
“Los problemas económicos del país tienen soluciones políticas”, afirmó, y sostuvo que una gran mayoría de la población ya no reconoce la legitimidad del régimen. Según su evaluación, cerca del 90% de la sociedad lucha por reemplazarlo por un sistema democrático basado en el respeto a los derechos humanos.