Continúan las protestas en Perú y Boluarte no descarta decretar el estado de sitio en todo el país

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las sostenidas protestas iniciadas hace seis días tras la destitución de Pedro Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y este martes se extendió a la de Arequipa, informó la prensa local.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo aclaró que en el contexto de esas protestas murieron seis personas y no siete, como había reportado el lunes, y los gobernadores regionales pidieron al Congreso que sancione en el curso de este mes la reforma necesaria para adelantar a 2024 las elecciones generales previstas para 2026.

Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el jefe del gabinete, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La mandataria anticipó que junto a esos funcionarios y a los miembros de los estados mayores de las Fuerzas Armadas evaluaría “la instalación del estado de emergencia a nivel nacional”, aunque aclaró que esperaba que no hiciera falta “llegar a estos extremos”, según la agencia de noticias Andina.

El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, Boluarte adelantó que se reuniría este martes el Consejo de Estado, un organismo no oficial pero usual en el país, que nuclea a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las de los organismos autónomos tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros.

Las protestas en Perú no cesan

El ministro del Interior, César Cervantes, dijo el lunes que cerca de 24.500 personas participaban de las protestas en todo el país, que ya había 44 policías heridos y sostuvo que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios.

Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.

Las protestas se mantenían este martes en gran parte del país, incluida Lima, donde la PNP desplegó más de 5.000 efectivos solo para custodiar el centro histórico de la ciudad, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, quien además reportó 32 agentes heridos y 11 manifestantes detenidos en la capital.

También se mantenían suspendidas las clases presenciales en varias regiones, entre ellas Cusco, Ica, La Libertad y Lima Provincias. Solo en algunas provincias de La Libertad estaba previsto retomarlas entre hoy y mañana, mientras en las demás áreas la cancelación no tenía fecha límite.

En ese contexto, los gobernadores regionales exhortaron al Congreso a aprobar este mes y ratificar “el primer día hábil” de enero la reforma constitucional necesaria para posibilitar el adelanto a 2024 de las elecciones generales previstas para 2026, para lo cual Boluarte envió un proyecto de ley al parlamento.

Paralelamente, las principales entidades gremiales de trabajadores y empresarios exhortaron a los ciudadanos a protestar de manera pacífica.

“Creemos que las manifestaciones, las movilizaciones y las protestas tienen que ser en forma pacífica”, afirmó el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, en declaraciones a periodistas en las afueras del Palacio de Gobierno.

Villanueva agregó que había asistido a la sede del Ejecutivo para pedir medidas que atenúen la situación y sostuvo que el adelanto de las elecciones, no a 2024 sino a 2023, es “una condición” para que “la actual crisis política termine”.

En tanto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (Adex) llamaron a la calma y a la paz social en un comunicado conjunto.

“Si bien el derecho de protesta está garantizado dentro de la Constitución, esta no debe derivar en acciones que atenten contra los derechos de los demás peruanos; no debe vulnerarse la seguridad, el libre tránsito, el orden público y la propiedad privada”, subrayó el documento.