CNN, MS Now y Politico demandaron este lunes al gobierno federal de Estados Unidos por la decisión del presidente Donald Trump de vetarlos de la cobertura de la Casa Blanca. La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y sostiene que la prohibición representa una violación de la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
En paralelo, las cadenas CBS, ABC, NBC y Fox News anunciaron que suspenden la cobertura conjunta y rotativa de las actividades presidenciales, en solidaridad con los medios afectados.
El sistema de cobertura conjunta, conocido como pool de prensa, permite que distintos medios se turnen para cubrir las actividades del presidente y luego compartan ese material con el resto de las organizaciones periodísticas. A CNN le correspondía cubrir este lunes el viaje de Trump a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington y actual presidente del consorcio televisivo, comunicó la decisión a los demás medios integrantes del grupo.
"A partir de hoy, el grupo de televisión no cubrirá los actos designados para el pool del presidente", escribió Boughton en la nota enviada a los miembros del consorcio. "Esta decisión responde a la postura de la Casa Blanca de impedir que CNN cumpla con las funciones asignadas al grupo. No se establecerá ningún grupo de sustitución. El resto de la cobertura conjunta continuará con normalidad", agregó.
Los tres medios afirmaron que buscan "defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica". Según el escrito judicial, el veto presidencial no cumplió "los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados". La demanda agrega que "el Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS Now y Politico por su cobertura 'acumulativa' durante los últimos dos años".
El caso quedó en manos de un juez designado por el propio Donald Trump
El expediente fue asignado al juez federal Timothy J. Kelly, nombrado por Trump en 2017, quien en 2018 ya había fallado a favor de CNN cuando la Casa Blanca intentó retirar la acreditación a uno de sus periodistas. Expertos legales consultados señalaron que resulta poco probable que la prohibición actual supere el análisis judicial.
Trump respondió a la demanda con un mensaje en su red social Truth Social, en el que insistió con sus acusaciones contra la prensa. "La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América", escribió. También calificó el trabajo de esos medios como "corrupto, deliberado, generalizado" y dijo que "es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe ser detenido ahora".
El vicepresidente JD Vance salió a respaldar la medida y sostuvo que se trata de una cuestión de "equidad básica" que no vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión. Calificó la cobertura de los medios sancionados como "propaganda de extrema izquierda".
"Pueden seguir informando. Siguen teniendo acceso a la libertad de expresión. Simplemente ya no van a tener una oficina en la Casa Blanca, y creo que es totalmente apropiado; a menos, por supuesto, que empiecen a comportarse como verdaderas organizaciones de noticias", agregó Vance.
La Casa Blanca desactivó el viernes las credenciales de los periodistas de las tres organizaciones, que quedaron sin acceso al edificio. La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, pidió restablecer de inmediato el acceso y advirtió que "un estándar utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro".
Cuando Javier Milei bloqueó el acceso de la prensa a la Casa Rosada
Un episodio similar había ocurrido en abril en Argentina, cuando el gobierno de Javier Milei bloqueó el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada al desactivar sus registros de huellas dactilares, una medida que las propias organizaciones de prensa calificaron como inédita desde el retorno de la democracia.
El bloqueo en la Casa Rosada afectó a cerca de 60 periodistas nacionales y corresponsales extranjeros y se produjo en el marco de una denuncia de la Casa Militar por presunto "espionaje ilegal", luego de que el canal TN emitiera imágenes filmadas sin autorización en zonas internas de la sede de gobierno.
El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, justificó la medida como preventiva con argumentos similares a los de Trump: "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional".
Milei, por su parte, calificó a los periodistas como "basuras repugnantes" en sus redes sociales, mientras los propios acreditados señalaron que la restricción fue "discrecional y sin notificación previa".
