El Gobierno suspendió acreditaciones a más de 60 periodistas en Casa Rosada por un presunto caso de espionaje

La medida se tomó de forma preventiva tras una denuncia por una supuesta grabación clandestina dentro del edificio.

El gobierno de Javier Milei decidió este jueves dar de baja las acreditaciones de más de 60 periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada por un presunto caso de espionaje dentro del edificio gubernamental. La decisión generó fuertes críticas contra la administración libertaria y advierten que atenta contra la libertad de expresión.

La medida se conoció en primeras horas de la mañana cuando una periodista de Radio 10 intentó ingresar esta mañana a Balcarce 50 y se le impidió el acceso sin mayores explicaciones. Minutos después, comenzó a circular entre los acreditados un mensaje que encendió la alarma en el ámbito periodístico.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, informó el periodista Ignacio Girón en su cuenta de X. “Nadie puede entrar por tiempo indefinido. Orden directa del presidente”, agregó.

Según informaron a C5N, la determinación se tomó tras la difusión de un informe televisivo emitido por la señal TN, en el que se mostraban imágenes de los pasillos internos de la Casa Rosada. Si bien no se reveló información sensible, la filmación violaría las normas vigentes. “No se mostró nada secreto y se había pedido autorización. Sin embargo, la declaración jurada que firman los periodistas establece que no se puede grabar en los pasillos”, explicaron periodistas acreditados en Casa Rosada.

El periodista Lautaro Maislin sumó que la decisión sería temporal. "Está la policía y gente del equipo de presidencia en la reja de entrada de Casa Rosada impidiendo el ingreso a los periodistas", comentó.

Por su parte, el Gobierno dejó trascender una versión de mayor gravedad. El propio Javier Milei retuiteó una publicación del usuario Tomás Sanchez, quien publicó una supuesta denuncia penal de la Casa Militar contra los responsables del informe por realizar una supuesta grabación clandestina con una cámara oculta.

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“Entraron a los pasillos y despachos de Balcarce 50, filmaron a escondidas entradas y salidas de funcionarios, rutinas de seguridad presidencial y todo lo que se les cruzó… sin autorización, sin credencial habilitada y burlando todos los protocolos de seguridad nacional”, señaló el usuario que en su descripción dice tener 18 años y ser de Tierra del Fuego.

“Esto no es periodismo. Esto es espionaje puro y duro disfrazado de laburo. Esto es delito contra la seguridad de la Nación (artículos 222 y 223 del Código Penal): revelación de secretos políticos con penas de 1 a 6 años de prisión. Además, violación grave de la normativa de acreditación de prensa y abuso de credenciales”, agregó en su publicación.

Acto seguido, la publicación tomó un tono más polémico: "Durante 20 años entraban y salían como Pedro por su casa, filtraban lo que querían y nadie les tocaba un pelo. Hoy se acabó. Son basuras humanas (95%) que se regodean de serlo. Pensaron que podían seguir haciendo operetas clandestinas como en la época dorada del kirchnerismo. Se equivocaron de Presidente y de siglo. Que la justicia actúe rápido y hasta las últimas consecuencias: revocación permanente de credenciales, inhabilitación profesional y cárcel si corresponde”.

Mientras tanto, la medida de suspender acreditaciones generó preocupación y malestar entre los periodistas que cubren diariamente la actividad oficial. La falta de precisiones sobre los plazos de la restricción suma incertidumbre en un escenario ya tensionado entre el Gobierno y los medios.