Chile se enfrenta a las peores tasas de homicidios, violaciones y portación ilegal de armas de sus últimos 10 años. El gobierno de Gabriel Boric busca contener el aumento del crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración ilegal. En menos de un mes, tres carabineros resultaron asesinados en controles de rutina y esto aceleró la agenda legislativa. El presidente promulgó una batería de medidas en materia de seguridad que, en muchos casos han sido cuestionadas y generado el rechazo de organismos de derechos humanos.
De acuerdo al balance anual publicado por la fundación Insight Crime en febrero de 2023, Chile es el tercer país de América Latina y el Caribe donde más crecieron los homicidios, luego de Ecuador y Uruguay. En 2022 los asesinatos aumentaron un 32% más que el año anterior, y esto elevó la tasa a 4,7 por cada 100 mil habitantes. La Policía de Investigaciones (PDI) indicó que en casi 6 de cada 10 de esas muertes se utilizaron pistolas, revólveres o escopetas. El tráfico ilegal de armas se convirtió así en un problema que quedó evidenciado en un aumento del 46% del uso de armas de fuego para la comisión de este delito.
La PDI señala que el incremento de los homicidios es una consecuencia de la violencia que ejercen las “bandas criminales dedicadas al tráfico y microtráfico de drogas, con enfrentamientos territoriales y ajustes de cuentas”. Y si bien la Macrozona Norte es donde más aumentaron estos delitos, Atacama, Arica y Parinacota lideran el ranking. La policía encuentra un vínculo con la inmigración ilegal de personas no identificadas a través de pasos no habilitados. El agravante de esta situación irregular se da incluso al momento de identificar a víctimas y victimarios, y conducir las investigaciones: muchos de ellos son extranjeros y su condición migratoria ha imposibilitado determinar de qué países provienen y establecer relaciones para encontrar a los responsables.
De acuerdo a datos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, “el 25% de los imputados que pasan a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje, el 50% no cuenta con identificación en el Registro Civil”. Recientemente, la Fiscalía Nacional anunció que se aplicará la prisión preventiva a aquellos extranjeros que sean detenidos por cualquier delito y no cuenten con la documentación identificatoria.
La estimación es que cerca de 400 personas ingresan diariamente por pasos no habilitados. En febrero de 2023, el Presidente Boric anunció la militarización de la frontera con Perú y Bolivia para detener la migración ilegal. Aunque la medida se estableció con una vigencia de 90 días, se especula que podría ser prorrogada. Entre las atribuciones habilitadas, los militares realizan controles de identidad y pueden detener a quienes ingresen o egresen por pasos no habilitados para ser entregados a la policía local.
Las violaciones también marcaron un récord en 2022, con una tasa de 24,6 hechos por cada 100 mil habitantes y un aumento de más del 30% comparado con 2012. Y los robos con violencia y la intimidación aumentaron en la última década. Pero los robos y hurtos menores lograron ubicarse en el nivel más bajo de los últimos 10 años. La preocupación del gobierno radica en que desde 2020 aumentaron los delitos más complejos. A comienzos de los 2000, los delitos se vinculaban preferentemente a la delincuencia común, asociada al alcohol y las riñas, con conocimiento entre víctima y victimario y mayor uso de armas blancas. 20 años después, la mayoría de los casos se asocian a bandas organizadas que penetraron el territorio con un mayor grado de violencia.
Bajo este escenario, Boric lanzó un paquete de medidas para el que logró el aval del Congreso Nacional. La más controvertida de ellas es la llamada Ley Naín-Retamal, en homenaje a dos carabineros caídos en funciones en 2020 y 2022. La nueva normativa refuerza en líneas generales las atribuciones de los Carabineros y entre otras cosas, establece específicamente la figura de la legítima defensa privilegiada. Este artículo presume la legalidad de la legítima defensa cuando las “fuerzas realizan funciones de orden y seguridad pública interior” y exime a la policía excepto en caso de protección de bienes. La redacción establece que “en dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de sus funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando armas o cualquier otro medio de defensa”.
El jefe de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab dijo que esta ley “no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos”. Incluso, durante el debate del proyecto, expertos penalistas aseguraron que la ley habilitaría el “gatillo fácil”. Y distintas organizaciones señalan que el gobierno está garantizando un blindaje a las fuerzas del orden.
La ley además, eleva la pena de prisión a cadena perpetua calificada (40 años efectivos) por el homicidio de un carabinero, y aumenta las penas a quienes agredan, hieran, golpeen, maltraten, castren o mutilen a un carabinero, un detective o un gendarme.
Apenas dos días después de la promulgación, la policía chilena abatió con una subametralladora UZI a un joven de 19 años que durante un control de tránsito aceleró, chocó contra un patrullero y embistió a un agente. La policía retomó el uso de este tipo de armas durante controles preventivos tras 12 años. En 2011, dejaron de utilizarse las subametralladoras UZI luego de que un sargento matara a un durante una protesta sindical en Santiago.
Pero otras tres leyes fueron sancionadas en esa misma ocasión:
- Ley 21.555 refuerza las competencias de Gendarmeria y crea el delito de extorsión
- Ley 21.556 aumenta la pena del delito de portación de armas en lugares altamente concurridos
- Ley 21.557 modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro.
Durante el discurso de promulgación de leyes, Boric anunció la entrega de USD 1.500 millones anuales adicionales al presupuesto de seguridad para la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, lo que representa una ampliación del “40% al presupuesto público asignado”.
La ministra del interior a cargo de la seguridad de Chile, Carolina Tohá anunció además el plan “calles sin violencia”, destinado a 30 comunas que concentran a un tercio de la población nacional y “abarcan el 50% de los delitos más violentos”. De acuerdo al gobierno, en estos distritos imperan la impunidad penal, el tráfico de drogas, la presencia de armas, el deterioro barrial y una gran cantidad de infracciones.
De esta manera, se pretende incrementar los patrullajes, operativos masivos y puntos de control, con el foco puesto en la búsqueda de prófugos de la justicia y en la fiscalización intensiva de armas. Además, se refuerza la seguridad policial con equipamiento de protección, se invertirá en la instalación de luminarias y cámaras de seguridad y se apuntalará la persecución penal para el esclarecimiento prioritario de homicidios.
También se establecieron otras medidas, como la obligatoriedad de tres agentes por móvil policial o el retiro de las motos para patrullaje nocturno.
Se espera que el gobierno de Boric tome nuevas medidas, entre las que se destaca la posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad, actualmente a cargo del Ministerio del Interior. Hay otros 10 proyectos que podrían aprobarse rápidamente para efectuar cambios administrativos para la expulsión de inmigrantes ilegales, sobre la usurpación de bienes y libertad condicional, la reincidencia de delitos y una Ley de Ciberseguridad.
