Bolivia atraviesa su peor crisis política y social en años. Este miércoles, el país amaneció con 47 piquetes activos en seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca) y sin señales de que la tensión vaya a ceder. Las protestas, que llevan dos semanas sostenidas, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira y se originan en un decreto de ajuste económico que firmó el propio mandatario en diciembre de 2025.
El 17 de diciembre del año pasado, el mandatario suscribió el Decreto Supremo N° 5.503, que estableció un ajuste generalizado y la eliminación progresiva de los subsidios al petróleo y al gas en un plazo de seis meses. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la medida buscaba enfrentar una crisis marcada por la escasez de combustibles, la caída de reservas en dólares y un gasto público insostenible. El argumento oficial era que las subvenciones habían dejado de cumplir su función original y alimentaban el contrabando y el mercado negro.
La Central Obrera Boliviana (COB) respondió con movilizaciones en las 72 horas siguientes a la firma. El ajuste generó además un salto inflacionario: según el Banco Central de Bolivia, la inflación pasó de 0,59% en diciembre de 2025 a 1,31% en enero de 2026, antes de entrar en terreno negativo en febrero y marzo.
En marzo, un nuevo elemento agravó el clima social: la aparición de combustible importado adulterado provocó daños masivos en vehículos de conductores y transportistas. El gobierno atribuyó el problema a una red de sabotaje que operaría entre Chile y Bolivia con la participación de exfuncionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Paz Pereira debió resarcir económicamente a los afectados, lo que sumó otro frente de desgaste político.
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El incremento de precios derivado del ajuste fue acumulando reclamos salariales en todos los sectores hasta que, este mes, la tensión explotó en grandes movilizaciones encabezadas por la COB, mineros, docentes, transportistas y campesinos, y tienen como epicentro La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los bloqueos.
Ambas localidades están prácticamente sitiadas. Hay escasez de alimentos básicos, interrupciones en el transporte público, oficinas cerradas y colegios que migraron a la modalidad virtual. El lunes fue la jornada más violenta: tres marchas convergieron en La Paz y derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, quema de un vehículo policial y uso de material explosivo.
Para este miércoles, la Policía boliviana anunció la habilitación de un corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos a la capital.
El gobierno logró desactivar algunos focos y negociar con ciertos sectores, pero la protesta no cede. El sábado, la Policía intentó desbloquear las rutas y debió dar marcha atrás para evitar una escalada mayor. La oposición en las calles no solo pide mejoras sectoriales: el pedido de renuncia de Paz Pereira se ha convertido en el eje central de las movilizaciones. Bolivia, por ahora, no encuentra la salida.
Evo Morales advirtió que Rodrigo Paz está aplicando "la misma receta de Javier Milei"
El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien fue declarado en rebeldía por la Justicia de ese país y sobre quien pesa una orden de captura por el presunto delito de trata agravada de personas, advirtió este martes que el gobierno de Rodrigo Paz está aplicando "la misma receta de (Javier) Milei".
En una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Morales, quien se encuentra confinado desde hace más de un año en la sede sindical de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, se refirió al estallido social que se está viviendo en Bolivia y aseguró que "es una sublevación del pueblo contra el modelo neoliberal y el estado neocolonial".
"El 30 de abril, Milei mandó al Palacio del Quemado de La Paz (sede del gobierno boliviano) a su ministro (Federico) Sturzenegger. Fue a asesorar al gobierno de Rodrigo Paz para que haga lo mismo que en Argentina", denunció Morales en C5N.
Embed - "INVENTAN cosas para DEMANDARME", indicó el expresidente de Bolivia
En cuanto a su situación judicial, el expresidente boliviano consideró que se trata de "una persecución política" que comenzó con el golpe de Estado de noviembre de 2019, con el que "empieza el neoliberalismo, con (Jeanine) Añez, la golpista, y continuando con Lucho Arce, que se sumó a las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional".
"Achicar el Estado, reducirlo a un Estado mínimo, un Estado que solo desregula y no invierte. Y aplica políticas de contracción económica. Entonces llega un gobierno de derecha, el 8 de noviembre, cuando jura el presidente Rodrigo Paz", agregó.
En todo este tiempo "buscaron implicar a Evo con corrupción, y no encontraron nada. Con el narco, tampoco. Entonces inventaron un proceso de trata de tráfico. No hay víctima. No hubo debido proceso ni hubo pruebas", sentenció Morales.