Ataque golpista en Brasil: la Policía desmantela el campamento bolsonarista por orden del Tribunal Supremo

Luego de los incidentes provocados por los ataques golpistas en Brasilia de este domingo, fuerzas de la policía de Brasil empezaron este lunes a desmantelar el campamento instalado por adherentes del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, en un procedimiento ordenado por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes.

Integrantes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consideran que este campamento fue una "incubadora" de los actos de violencia. George Washington de Oliveira, acusado de planear un ataque terrorista en Brasilia en Nochebuena, asistió al lugar montado frente al Cuartel General del Ejército, así como muchos de los manifestantes que promovieron motines.

Desde temprano se vio a personas cargando carpas y bolsos, varios de ellos con remeras amarillas e inscripciones de apoyo al ex mandatario ultraderechista, mientras dejaban el lugar, luego que De Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.

El ministro del STF prohibió además, y hasta finales de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.

Según la Policía Civil del Distrito Federal, al menos 1200 personas fueron detenidas en los incidentes en los que miles de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y la corte suprema, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1° de enero.

Los partidarios del ex presidente fueron detenidos por Policía Federal y conducidos a la sede de esa dependencia en al menos 40 colectivos.

Prohibieron manifestaciones en Brasilia hasta el 31 de enero

De Moraes decretó la prohibición de manifestaciones en la capital hasta el 31 de enero y convocó a alcaldes, gobernadores y generales. También ordenó a la Policía obtener todas las imágenes de las cámaras del Distrito Federal que puedan ayudar en el reconocimiento facial de los terroristas que perpetraron los ataques a los edificios institucionales.

Las medidas forman parte del documento de 18 páginas redactado por el juez del STF, que también dispuso la destitución cautelar del gobernador del Distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha.