El gobierno de facto, a través de su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, desplegó un plan de corte neoliberal basado en la apertura, el endeudamiento y la especulación financiera, que barrió de un plumazo la matriz de industrialización por sustitución de importaciones, motor del desarrollo en décadas anteriores. ¿Los resultados? Un país destruido y un modelo cuya herencia, a 50 años del golpe, todavía lacera la estructura económica del país.
El dictador Videla con Martínez de Hoz, el civil más influyente del régimen.
"(...) Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
Rodolfo Walsh, Carta abierta a la Junta Militar (1977).
El último golpe de Estado cívico-militar del país, perpetrado el 24 de marzo de 1976, no sólo marcó el inicio del período más sangriento de la historia argentina, con el secuestro, la tortura y la desaparición de personas institucionalizados como política de Estado, sino que también inauguró una nueva estructura económica y social, impuesta a través de la represión ilegal y clandestina. El nombramiento de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía fue el vehículo para instaurar un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera, desplazando a la industria del centro de la economía.
El desarrollo de una política económica de corte neoliberal constituyó el intento más profundo de transformación regresiva y concentradora de la estructura productiva del país. Barrió con la matriz de industrialización por sustitución de importaciones, motor del desarrollo inaugurado en la década del ’30 y sostenido por el peronismo y el desarrollismo -e incluso por dictaduras como la de Juan Carlos Onganía-, que había generado empleo y valor agregado. Bajo la premisa de que el Estado intervencionista era responsable del “desorden”, la dictadura buscó disciplinar a la sociedad a través del mercado y la represión.
La apertura comercial indiscriminada, la eliminación de protecciones a la producción local, la desregulación financiera y el endeudamiento externo se convirtieron en los pilares de un esquema que desplazó a la industria nacional y promovió la especulación financiera, alimentada por las variaciones del tipo de cambio y la aceleración inflacionaria. Esta reconfiguración —de una economía industrial a otra centrada en la valorización financiera— favoreció a los grandes grupos económicos y avanzó hacia una mayor concentración de la riqueza, con un objetivo claro: quebrar la alianza distributiva entre la burguesía nacional y los trabajadores industriales.
Las consecuencias fueron devastadoras. La deuda externa se multiplicó por cinco, pasando de unos 7.500 millones de dólares a cerca de 45.000 millones hacia el final del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, mientras que la pobreza trepó del 2,6% en 1974 al 25,3% en 1983 y la desocupación se triplicó. En paralelo, la inflación se mantuvo en niveles extremadamente elevados -con promedios cercanos al 200% anual- y acumuló cifras extraordinarias a lo largo del período. La estructura productiva del país quedó severamente dañada y la deuda externa contraída en esos años condicionó la economía argentina durante décadas.
La muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974 dejó un vacío de poder en el Gobierno, que rápidamente se trasladó a lo económico. La breve tercera presidencia justicialista, de austeridad y concordancia, había mejorado los números de crecimiento. Los salarios reales habían alcanzado mejoras de hasta el 50% respecto a 10 años atrás, y se dieron hitos como la ampliación de la Flota Mercante argentina o la apertura de la Central Nuclear Atucha I. La balanza comercial había alcanzado superávit por mil millones de dólares. En materia de aumentos de precios, si bien durante 1973 mantuvo un nivel alto, cercano al heredado, ya para 1974 había bajado a un 24%, el valor más bajo en cuatro años.
Pero con la muerte del Presidente, asumió la presidencia su vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón y las luchas internas del peronismo desangraron a la sociedad y al Estado. Presionada por los sectores empresarios y sindicales, la primera presidenta mujer de Argentina nombró ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien al poco tiempo aplicaría la devaluación del peso y detonaría el conocido "Rodrigazo", un plan de ajuste feroz: en los diez meses que transcurrieron entre el anuncio del plan económico y marzo de 1976, la inflación fue del 481% (casi un 50% mensual).
El paquete de medidas fue un punto de quiebre en la historia del país, que generó el inicio de 16 años de un régimen de alta inflación, que hasta hoy perdura en el día a día. Entre las medidas tomadas, determinó una devaluación del peso con relación al dólar que osciló entre el 80% y el 160%, un aumento sideral de los precios que en algunos casos llegó al 180% como en las naftas o el 75% en las tarifas de colectivos y un tope a los aumentos salariales en las negociaciones paritarias de las empresas con los sindicatos. Se terminó así con el “Pacto Social” que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica que desembocó en un estallido social con la primera huelga general de la CGT contra un gobierno peronista.
A nivel mundial circulaban nuevas ideas en economía. La crisis petrolera que estalló en 1973, donde los países árabes decidieron bloquear sus exportaciones de crudo a aquellos países que habían apoyado a Israel en la llamada guerra del Yom Kipur, fue el primer gran sacudón capitalista de la posguerra, y el inicio del fin de las tres décadas "gloriosas" que supieron construir en Europa las bases del Estado de Bienestar. Tras el shock petrolero, las economías centrales comenzaron a experimentar un fenómeno inédito hasta entonces: la estanflación, es decir, la combinación de inflación alta con recesión económica.
En el modelo keynesiano clásico, la inflación era entendida como el resultado de tensiones en una economía en expansión: subía cuando la demanda era elevada y el desempleo bajo. Todo lo contrario a lo que comenzó a observarse en Estados Unidos, Europa y otras economías desarrolladas. A partir de allí, la revolución keynesiana de la posguerra dio paso a una contrarrevolución neoclásica.
Nuevas corrientes, como el monetarismo y la teoría de las expectativas racionales -impulsadas por economistas como Milton Friedman y Robert Lucas, citados permanentemente por el actual presidente Javier Milei- comenzaron a ganar terreno en el debate global. Estas corrientes planteaban que las economías tienden naturalmente al equilibrio y que existe un nivel “natural” de desempleo y actividad que la política económica no puede modificar de manera sostenida. En este marco, la intervención del Estado no solo era ineficaz, sino potencialmente perjudicial: podía generar inflación, distorsiones y aumento de la deuda.
Tanto el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos en 1971 y la invasión de petrodólares, a raíz de en un fenomenal aumento de los precios de los combustibles y en fuertes restricciones para su consumo, aumentó fuertemente la liquidez global y los países productores comenzaron a ofrecer préstamos a granel, sobre todo a los países de la periferia, que hicieron explotar las monumentales deudas externas. América Latina accedía, entonces, a deuda barata en dólares para financiar déficits ante bajos precios en commodities.
La historia de José Alfredo Martínez de Hoz, abogado, economista y de familia patricia, en la dictadura militar comenzó en Kenia, África. Presidente de la empresa de aceros Acindar, era un fiel exponente de la aristocracia agraria argentina. Su padre fue el primer titular de la Sociedad Rural Argentina y tenía grandes contactos en Washington como el banquero David Rockefeller. El 12 de marzo un oficial del Ejército se comunicó con Martínez de Hoz para pedirle que interrumpiera su safari en tierras africanas y regrese urgentemente al país. El 29, cinco días después del derrocamiento de Isabel de Perón, se anunció que Martínez de Hoz sería el ministro de Economía del gobierno militar.
"Se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas", aseveró el funcionario, tras un discurso de más de dos horas, donde anunció tres programas: "Liberación y Modernización de la Economía", "Modernización del Estado" y "Estabilización de los Precios". El miedo a los efectos de un nuevo "Rodrigazo", provocó en los militares desplegar un modelo "gradualista".
Se estableció un programa de liberalización de los mercados y posterior apertura externa, que proponía la eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios; se procuraba así modernizar e incrementar la eficiencia de la economía. Para modificar la estructura económica, las primeras medidas fueron: congelamiento de los salarios de los trabajadores por 120 días, eliminación del control de precios, reducción de aranceles a la exportación, reducción de las retenciones agropecuarias y devaluación del peso, para disminuir la presión inflacionaria. Esas medidas modificaron los precios relativos en favor de los productores agropecuarios, que exportaban sus productos en divisas norteamericanas, en detrimento de los asalariados con un poder de compra recortado. Además, eliminó los controles de cambios e instauró un mercado de cambios único y administrado (no un mercado enteramente libre).
El flamante ministro, el civil más influyente de la etapa más oscura del país, describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. "Achicar el Estado es agrandar la Nación" , fue su frase de cabecera.
En agosto de 1976, Jorge Rafael Videla sancionó la Ley de Inversiones Extranjeras, que desreguló los controles sobre ese flujo. En el plano monetario, en línea con el enfoque ortodoxo, el plan comenzó con una severa contracción. Hasta ese momento, se trataba de un programa liberal relativamente tradicional, con particular énfasis en contra de la industria y a favor del agro.
El último pilar de las políticas y reformas de la dictadura fue la apertura financiera. La piedra angular de la reforma financiera fue la promulgación de la Ley de Entidades Financieras en 1977, que transformó el marco institucional del sector financiero que aún hoy sigue vigente. Las autoridades económicas dispusieron la liberación de las tasas de interés de la regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), junto con la flexibilización para abrir sucursales e instituciones financieras. A esto se sumaron la eliminación progresiva del control de cambios y la supresión de la capacidad del BCRA de regular directamente el crédito bancario, mientras el Estado asumía el rol de garante del sistema.
Esta reforma produjo un cambio drástico en la estructura económica del país e impulsó la especulación financiera. Entre 1978 y 1979 se abrieron 1.197 sucursales bancarias y financieras, según un trabajo del economista Mario Rapoport: miles de ahorristas, entre ellos jubilados, empleados públicos, amas de casa, recorrían el centro bancario cotejando las tasas de cada banco para decidir dónde colocar la plata. "Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante”, precisó Martínez de Hoz, ante la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), 1977. El plan estaba claro: desplazar al sector industrial, fortalecer al financiero y vincular a la Argentina con el mercado de capitales internacional.
Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad, que disponían del acceso al crédito internacional, se volcaron por la “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva. El "carry trade” consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés -en relación a la tasa internacional-, reconvertirlos a dólares y retirarlos del país. Ese circuito se retroalimentaba: el capital fugado servía como respaldo para nuevo endeudamiento, ampliando el proceso. Para sostener esa dinámica, el Estado fue acumulando una deuda externa creciente, que terminaría condicionando la política económica de la década siguiente, especialmente tras la estatización de pasivos privados en 1982.
En paralelo, la dictadura también incrementó el endeudamiento de empresas públicas como YPF, Segba, ENTel, Aerolíneas Argentinas, Agua y Energía Eléctrica y Gas del Estado. Años más tarde, ese deterioro financiero sería utilizado como argumento para cuestionar su funcionamiento y avanzar en los procesos de privatización impulsados por la continuidad del plan neoliberal en plena década del '90.
En este contexto, la segunda etapa se inició hacia fines de 1978 y se instrumentó la versión moderna de la escuela monetarista (enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. El gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz avanzaron con una nueva baja de aranceles para profundizar la apertura importadora y contener la inflación.
El cambio de eje económico derivó en un fuerte aumento de las tasas de interés, en un contexto marcado por la mayor demanda de crédito tanto del Estado como del sector privado y por los intentos oficiales de restringir la emisión monetaria. Con la liberalización del sistema, las altas tasas comenzaron a atraer capitales del exterior en busca de rentabilidad rápida en el mercado local. Al mismo tiempo, el encarecimiento del financiamiento para las empresas presionó sobre los precios en un escenario de recesión.
Las medidas tuvieron un efecto pocas veces visto hasta entonces: tasas de interés reales positivas, superiores a la inflación. El encarecimiento de la tasa de interés tuvo un fuerte impacto en la industria, que bajó la producción; en 1978 hubo recesión. Para evitar la pérdida de competitividad empresaria apareció la famosa "tablita", ideada por un joven economista de Chicago Ricardo Arriazu, referente de la gestión liberal actual. Se trataba de una devaluación programada, gradual y conocida (crawling peg, ¿les suena?) que establecía un sendero de previsibilidad para los actores económicos.
Si bien la economía tuvo una recuperación en 1979, los precios no se desaceleraron al ritmo de la devaluación y entonces la Argentina se encareció cada día más, desequilibrando al sector externo, y afectando a la producción expuesta al comercio internacional. En los hechos, la tablita no logró eliminar la inflación, y el aumento de precios se mantuvo por encima de las tasas de devaluación programadas. Esto dio lugar a una fuerte apreciación cambiaria que, combinada con la reducción de aranceles, redujo fuertemente la competitividad de la economía local. El efecto conjunto de estas medidas fue un incremento de las importaciones por unidad de producto y una fuerte desindustrialización, que afectó las capacidades productivas de la economía.
"En los últimos 50 años hubo solo dos momentos con un tipo de cambio tan atrasado: final del período de la convertibilidad cuando Brasil devalúa el real en 1999 y con la Tablita de Alfredo Martínez de Hoz", advirtió el economista Martín Rapetti. La "Plata Dulce" y el “Deme Dos” se hicieron carne en los argentinos que viajaban a Miami con asiduidad, mientras la proliferación de los “tours de compras” en Asunción, Santiago de Chile, Uruguayana y otras ciudades de países limítrofes dejaban en claro algo más que la curiosidad por las novedades importadas. No había posibilidad de competir con precios de otros países que no tenían la moneda tan sobrevaluada como el peso argentino, por entonces “Ley 18.188”.
Nuestro país se convirtió en un país muy caro. Fueron años en que los argentinos que podían se iban al exterior y volvían con las valijas llenas. Desde ropa hasta televisores. El resultado de combinar la "tablita" y la liberación del sistema financiero fue una caída del PBI industrial del 20% en 4 años, con un crecimiento de las importaciones y una industria local que empezó a sufrir las consecuencias. La "plata dulce" no demoró en volverse amarga cuando se acabaron las bajas tasas internacionales por el fin de la abundancia de los "petrodólares".
El filme que dejó en evidencia la bonanza económica ficticia, que derivó en la "patria financiera" y en una grave crisis económica, social y política, se tituló justamente Plata Dulce, estrenada el 8 de julio de 1982. Fue dirigido por Fernando Ayala, sobre una idea de Héctor Olivera. El guion lo escribieron Jorge Goldenberg y Oscar Viale. Los personajes fueron interpretados por Federico Luppi (Carlos Teodoro Bonifatti), Julio de Grazia (Ruben Molinuevo) y Gianni Lunadei (Osvaldo Arteche). La película cuenta la historia de dos pequeños empresarios que intentan sostener su fábrica mientras el negocio “fácil” de la especulación financiera gana terreno, en un contexto de desindustrialización y apertura importadora.
El 6 de agosto de 1979, Paul Volcker asumió la conducción de la Reserva Federal de los Estados Unidos y se lanzó a la tarea de bajar la inflación americana de dos dígitos. En octubre, Volcker cambió la estrategia vigente hasta entonces y optó por controlar la cantidad de dinero. La tasa de interés se aproximó en 1980–1981 al 20% y las economías latinoamericanas temblaron con la denominada "crisis de la deuda". La terapia de shock norteamericana golpeó de lleno la economía argentina: se derrumbaron los términos del intercambio, se cortó el crédito al país, se contrajo el nivel de actividad, quebraron muchas entidades financieras. Argentina ingresaba en una crisis financiera profunda.
En 1980, como resultado de una política económica que rompía con la sustitución de importaciones, el país exportó un 20% menos y debió importar un 30% más que el año anterior, lo que produjo un colapso bancario en el que cerraron importantes entidades financieras, se resintió toda la planta industrial y se dio una corrida bancaria: las personas trataban de sacar la plata que tenían depositada en los bancos, que eran depósitos en pesos y también en dólares. El germen de la dolarización y la "plata en el colchón" nacía al calor de una crisis financiera.
La quiebra del Banco de Intercambio Regional y el Banco de los Andes, en marzo de 1980, fue el golpe de gracia de un modelo agotado y con consecuencias irreversibles: dejó un tendal de aproximadamente 100.000 damnificados y un perjuicio para las arcas del Estado equivalente a 3.200 millones de pesos. Los depósitos del BIR representaban casi el 13% del total del país.
La profunda crisis económica, el desgaste de los altos mandos militares y la toma de estado público de la desaparición de personas y otras violaciones a los Derechos Humanos llevaron a la renuncia del dictador Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz, y el comienzo de un proceso caracterizado por la adopción de medidas de corto plazo tendientes a solucionar los problemas más urgentes de los sectores productivos. El nuevo ministro de Economía del gobierno de facto de Roberto Viola, el economista Lorenzo Sigaut, debió aplicar fuertes devaluaciones para corregir el atraso cambiario, no sin antes decir la frase célebre "El que apuesta al dólar, pierde", previo a la salida de la funesta "tablita cambiaria". La economía entraba en una profunda recesión. El producto interno bruto cayó 6,6% y la producción industrial se redujo alrededor de 16%.
Todos los "inversores" que habían creído en la "bicicleta financiera", apostando al uso de los pesos para hacer tasa y lograr un beneficio con los plazos fijos, quedaron atrapados en pesos mientras el dólar se disparaba: ahorristas y empresas quebradas por no salir del "carry trade" a tiempo. A la crisis financiera, se acentuaba otra más profunda: la industrial.
Con numerosas pérdidas de empleo, suspensiones y despidos, el 7 de noviembre de 1981, la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini pudo concretar la primera movilización popular o “Marcha de Protesta” en contra de la dictadura. Bajo el lema Paz, Pan y Trabajo convocó a marchar –por las calles de Liniers- desde el estadio de Vélez Sársfield hasta la iglesia de San Cayetano (santo del trabajo de acuerdo a la religión católica), donde se habían juntado unas diez mil personas. Fue la primera marcha masiva contra las políticas de la Junta Militar.
Con un gobierno de facto en retirada, el último líder del régimen dictatorial, Reynaldo Bignone, designó al frente del ministerio de Economía a José María Danino Pastore y al frente del Banco Central a un tal Domingo Felipe Cavallo. Cuando asumieron, Argentina ya había dejado de pagar sus obligaciones en dólares pero tenían una última medida que perjudicó las arcas estatales. En noviembre de 1982 se estatizó la deuda externa privada por un monto aproximado de 17.000 millones de dólares, de empresas gigantescas como Alpargatas SA, las del Grupo Macri, Bunge y Born, Molinos Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Acindar o Pérez Companc, además de los bancos Francés, Galicia y Río.
El presidente del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) era Julio González del Solar, quien firmó la circular A251, aunque su predecesor, Domingo Felipe Cavallo, fue quien había aplicado el seguro de cambios, operación que permitió que los pasivos de privados pasen a manos del Estado. "Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque no sólo no fui quien la decidió , sino que fui el primero que denuncié que quien me había reemplazado en el Banco Central se proponía hacerlo", se defendió Cavallo en su blog personal. La crisis de deuda dejaría una economía con una caída del 5%.
El gobierno militar tuvo que dejar el poder en medio de un descalabro económico producido por sus mismas políticas: inflación de tres dígitos, recesión, alto endeudamiento externo (deuda externa cinco veces mayor a 1975) y un producto per cápita inferior al de una década atrás. La derrota en la Guerra de Malvinas, en búsqueda de un éxito militar para opacar su fracaso político y económico, sentenció el fin de la última dictadura, que el 10 de diciembre de 1983 dio paso a la asunción de Raúl Alfonsín, elegido en elecciones abiertas con una participación del 85% y un triunfo por casi el 52% de los votos.
La dictadura más sangrienta de toda nuestra historia, que además de desaparecidos, muertos y niños apropiados, nos dejó una herencia económica pesada, fue el punto inicial de la decadencia del país. Son muchos los perjuicios irreversibles del paradigma económico que tuvo apertura e instauración con el gobierno de facto de 1976.
Los efectos de esta política iniciada en 1976 concluyeron en la "desindustrialización" de la economía argentina. Algunos indicadores son suficientes para medir la profundidad de este fenómeno entre 1975 y 1982: el producto industrial cayó más del 20%, ubicándose a niveles similares a los de quince años atrás; la ocupación industrial redujo en un 35% su personal de producción, expulsando en total alrededor de 400.000 personas; la participación de la industria en el producto bruto interno disminuyó del 28 al 22%, asociado a una mayor terciarización de la economía con menores niveles de productividad; cerraron alrededor del 20% de los establecimientos fabriles de mayor tamaño.
Se produjo un incremento considerable de la productividad de la mano de obra, pero más asociado a la "racionalización" de su uso que a un cambio tecnológico; el nivel de inversión en equipo durable de producción disminuyó en los últimos cinco años a una tasa superior al 5% anual; la participación de los asalariados en los ingresos cayó del 49% (el famoso fifty-fifty) en 1975 al 32,5% en 1982. Sectores enteros, como el textil y el metalmecánico, fueron "barridos" por la competencia de importaciones baratas y el encarecimiento del crédito.
La apuesta por la desindustrialización y el fomento de las importaciones trajo un desbalance comercial que disparó la deuda hasta alcanzar el 60% del PBI (Producto Bruto Interno). El nivel de endeudamiento público, que se encontraba en el rango del 18% en 1976 llegaría al 60% del PBI, se incrementó desde u$s9.739 millones a aproximadamente u$s45.000 millones y la deuda del Estado de u$s6.648 millones a u$s31.709 millones, producto del empréstito externo como así también de la estatización -en gran parte ilegal y fraudulenta- de deudas contraídas por empresas privadas. El déficit fiscal promedio fue de 17% anual en relación al PBI.
En términos sociales el incremento de la pobreza fue notable: altos niveles de inflación promediaron un 200% anual, generando una fuerte caída del salario real, llevando a que el porcentaje de hogares pobres sobre el total pasara del 2,6% en 1974 al 25,3% en 1983, y la desocupación se triplicara, pasando de 3% al 9%. De esta manera, el salario real cayó un 36% en 1976, y hacia 1983 la participación de la masa salarial en el ingreso había caído al 27%, desde un 45% en 1974. Además, el 10% más rico de la población concentró el 31,8% del ingreso nacional, frente al 23% que tenía antes del golpe: la concentración del poder económico en un conjunto de empresarios nacionales y trasnacionales fue uno de los pilares del plan.
Durante los cinco años del gobierno de Videla, la inflación se ubicó siempre por encima del 100%: 1976 (444%), 1977 (176%), 1978 (171,4%), 1979 (163%), 1980 (100,8%), un promedio del 211% anual, más alto que cualquier gobierno anterior. Es decir, cada año los precios se triplicaban. Al dúo Videla/Martínez de Hoz le siguieron tres dictadores que gobernaron poco tiempo, Roberto Viola (8 meses), Leopoldo Fortunato Galtieri (6 meses) y Reynaldo Bignone (un año y medio). En esos casi tres años la inflación se mantuvo en ascenso por encima de los tres dígitos, alcanzando su pico en 1983, con 343,8%.
A 50 años del golpe, la estructura económica argentina sigue condicionada por aquel giro hacia la valorización financiera y la deuda. Un modelo que, como reconocieron sus propios impulsores, era incompatible con cualquier sistema democrático. Sus huellas no son solo parte de la memoria histórica: son las deudas que aún se pagan y las fábricas que nunca volvieron a abrir.
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