Las jubilaciones representan el 45% del gasto primario, pero solo el 29% se sustenta con aportes genuinos

El gasto en jubilaciones aumentó su peso relativo dentro del Estado argentino y ya representa el 45,4% del gasto primario, frente al 36,6% registrado un año atrás. Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto (ASAP), este incremento de casi 9 puntos se dio en detrimento de otras partidas como los subsidios energéticos, que cayeron un 40%, y las transferencias a provincias.

Según publicó Ámbito, el sistema previsional enfrenta una crisis de sostenibilidad, ya que solo el 29% de su financiamiento proviene de aportes y contribuciones genuinos. Esta situación obliga a cubrir el déficit con recursos de rentas generales, lo que refleja una “elevada presión sobre las finanzas públicas, ya que el sistema no se sostiene con aportes específicos sino que depende en gran medida de recursos tributarios”.

Pese al mayor peso en el presupuesto, los jubilados de menores ingresos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo. Si bien el haber mínimo tuvo un leve crecimiento real, el bono de $70.000 se mantiene congelado nominalmente desde marzo de 2024. Esto resultó en una “contracción interanual del 23,8% respecto a la inflación” en el valor del bono y una caída real del 7,3% en el ingreso total mínimo comparado con 2023.

La composición del gasto previsional revela que el régimen de reparto explica el 23,3% del gasto primario, mientras que la moratoria previsional representa el 14,9%. En contraste, el peso del bono para las mínimas cayó del 3,8% al 2,8%, confirmando que parte del ajuste fiscal se ejecutó “ajustando a los jubilados más pobres del sistema” mediante la licuación de dicho adicional.

En este escenario, el Ministerio de Economía planea incluir en la reforma laboral de 2026 la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos. Esta medida utilizará recursos actualmente destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que, según advierten analistas, “empeorará el financiamiento genuino de la ANSES” en un contexto de creciente informalidad y envejecimiento poblacional.

Analistas privados señalan que el ajuste de u$s38.000 millones aplicado por el Gobierno es una "poda" reversible, ya que no se ha realizado una reforma integral de la estructura del Estado. ASAP concluye que la sostenibilidad enfrenta desafíos críticos, “exacerbados por el envejecimiento de la población y el incremento de la informalidad”, que mantienen al sistema dependiente del auxilio del Tesoro nacional.