La Ciudad de Buenos Aires creará un fondo anticíclico para afrontar situaciones extraordinarias

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que creará un fondo anticíclico para hacer frente a catástrofes, desastres ambientales, emergencias sociales, sanitarias y/o económicas y así atenuar el impacto de estos eventos en las finanzas públicas.

La constitución de este fondo está contemplada en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas como parte de los instrumentos para enfrentar fases de recesión. En este sentido, funcionará como un mecanismo automático de liquidez ante circunstancias concretas y específicas.

Para este fin se destinarán u$s350 millones o su equivalente en pesos provenientes del Tesoro de la Ciudad. También se podrá incorporar el superávit del ejercicio anterior, ya sea de manera total o parcial, y los rendimientos que pudieran producir estos recursos incorporados. Esta integración podrá efectuarse hasta alcanzar el 8% de los gastos del presupuesto vigente.

El fondo podrá usarse para financiar gastos operativos cuando se haya verificado una variación de los ingresos tributarios medidos en términos reales, y para pagar servicios de la deuda pública cuando el plazo de los vencimientos sea menor o igual a 90 días.

También se utilizará para atender situaciones de emergencia o desastre cuando las mismas estén declaradas por ley, así como para afrontar el impacto financiero que pueda derivar de contingencias judiciales no previstas y que superen el 1% del presupuesto vigente.

En todos los casos deberá verificarse que la caída en los ingresos tributarios totales, medidos en términos reales y ajustados por el IPCBA, sea mayor al 10% con respecto al mismo mes del año anterior; o que se registre una caída interanual mayor o igual al 5% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Finalmente, se aclaró que la asignación de recursos en un ejercicio no podrá exceder el 50% del monto acumulado en el fondo. Tampoco podrá destinarse a financiar aumentos permanentes del gasto corriente ni proponerse como garantía de operaciones de crédito público.