El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, en respuesta a la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso.
La medida, oficializada a través del decreto 186/2025, introduce una reasignación presupuestaria en cuestiones de salud, seguridad y educación. También incluye reducción de subsidios.
El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, en respuesta a la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso.
La norma, publicada en el Boletín Oficial este jueves, introduce una serie de modificaciones: reduce subsidios energéticos, redistribución de partidas y también habilita nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. Además, fija un nuevo esquema de pago para las deudas del sector eléctrico y permite saldar obligaciones con bienes estatales.
Aclaran, igualmente, que la partida extraordinaria de $200 mil millones para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri no está incluida en el decreto.
Entre los principales puntos del decreto se encuentran
Deuda de Distribuidoras Eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
Financiamiento para Provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
Asimismo el decreto ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios. La normativa fija un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.