El Gobierno comunicó ante la justicia de Estados Unidos que alcanzó un acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, acreedores que mantenían un litigio por bonos impagos luego del default de 2001. La presentación fue realizada el martes por la noche ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001
El Gobierno informó ante la jueza Loretta Preska que alcanzó un entendimiento con los fondos Attestor y Bainbridge por deuda que quedó impaga tras el default de 2001.
Según el escrito presentado ante el tribunal, las partes solicitaron suspender el proceso judicial mientras avanzan en los detalles finales del acuerdo de conciliación. El pedido incluye dejar en pausa una moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, en la que reclamaba la transferencia de la participación del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas.
En la carta también se señala que los dos fondos llegaron entre sí a un entendimiento para dividirse el colateral vinculado a bonos argentinos que habían sido embargados y que permanecían depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos.
“El tribunal debería suspender este proceso, incluida la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025”, señala el documento. Además, las partes indicaron que informarán más adelante a la jueza sobre el avance del acuerdo y si será necesario reanudar el trámite judicial.
La presentación no menciona, en cambio, el pedido impulsado por Bainbridge para obtener la transferencia de acciones de YPF como parte del cobro de la deuda.
Un conflicto que se arrastra desde el default de 2001
La disputa tiene su origen en bonos emitidos durante la década de 1990 bajo el Plan Brady. Tras la cesación de pagos declarada por Argentina en 2001, el país llevó adelante varios procesos de reestructuración de su deuda.
Aunque la mayoría de los acreedores aceptó los canjes de 2005 y 2010 y el acuerdo masivo alcanzado en 2016, Attestor y Bainbridge decidieron mantenerse al margen de esas negociaciones. En cambio, optaron por recurrir a los tribunales para reclamar el cobro total del valor de los bonos, más los intereses acumulados.
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