El Gobierno oficializó este miércoles una nueva etapa del programa de privatizaciones a través de la publicación del Decreto 1349/2026 en el Boletín Oficial, instrumento con el cual la administración prorroga hasta 2027 las concesiones de cinco centrales hidroeléctricas para ceder el control al sector privado.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitaron la extensión de los plazos operativos hasta el 30 de abril de 2027, una medida que desató reclamos de especialistas en energía por los riesgos de resignar la soberanía sobre recursos clave.
El oficialismo justifica el proceso con la necesidad de garantizar el servicio eléctrico tras el vencimiento de los contratos y captar divisas para afrontar compromisos de deuda, mientras los sectores opositores y gremiales denuncian el "remate" de empresas nacionales fundamentales.
Las operadoras actuales disponen de un plazo de siete días corridos para aceptar la extensión temporal, caso contrario asumen la obligación de sostener el suministro energético por un mínimo de 45 días hábiles hasta la definición del traspaso estatal.
El decreto abarca cinco grandes complejos energéticos del interior del país
El tablero hidroeléctrico en disputa compromete una potencia instalada de 1.127,7 megavatios, distribuida entre Hidroeléctrica Futaleufú en Chubut con 560 megavatios, e Hidroeléctrica Diamante en Mendoza a cargo de 388 megavatios de capacidad.
La lista de activos a privatizar incluye además a la compañía AES Argentina Generación en Salta con 111,1 megavatios, a Hidroeléctrica Tucumán con 51,6 megavatios y a Hidroeléctrica Río Hondo en Santiago del Estero con 17 megavatios operativos.
Este esquema legal se acopla a las licitaciones ya activas para otras represas de magnitud, como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito y Piedra del Águila, instancias donde la Secretaría de Energía concentra las facultades exclusivas para la firma de los nuevos contratos.
El plan privatizador avanza sobre el sistema ferroviario nacional y otras empresas públicas
El avance sobre el área energética transcurre en simultáneo con el desmantelamiento del modelo ferroviario actual, ya que el Ministerio de Economía publicó los pliegos para concesionar las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza por cincuenta años sin el pago de un canon al Estado.
El Ejecutivo conserva en carpeta la apertura al capital privado de otras firmas autorizadas por la Ley Bases, como Nucleoeléctrica Argentina y YCRT, sociedades que enfrentan un futuro incierto ante un programa económico enfocado en la urgencia financiera de corto plazo.