El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Ocho empresas fueron las interesadas en competir en el proceso de licitación para la gestión privada de las represas de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas en uno de los polos hidroeléctricos más estratégicos del país.

El Estado nacional concluyó la fase económica de la licitación para la gestión privada de las cuatro grandes represas del Comahue (Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados), proyectando ingresos totales por u$s706.885.298,49. Este monto, superior a las proyecciones iniciales, surge de las ofertas económicas finales presentadas por los interesados en uno de los polos hidroeléctricos más estratégicos del país.

El proceso licitatorio, que atrajo a ocho empresas, avanzó bajo un esquema competitivo que puso en foco la valoración de los activos y las futuras condiciones operativas. La etapa económica marca un paso decisivo hacia la transición de un nuevo modelo de gestión para estas centrales, cuyos contratos de concesión originales vencieron en 2023.

Un punto clave fue el complejo Cerros Colorados, que requirió una mejora obligatoria de ofertas tras una diferencia inicial inferior al 10% entre las dos propuestas principales. Las empresas convocadas fueron Edison Inversiones S.A.U. y BML Inversora S.A.U., resultando Edison la firma con la oferta económica más alta en esa instancia.

Con la fase económica cerrada, la licitación avanza a la etapa final de adjudicación, que el Gobierno busca concretar antes de fin de año. El proceso incluye la evaluación de la capacidad de los futuros operadores para sostener y modernizar estas infraestructuras vitales para la matriz energética de la Patagonia.

El Ministerio de Economía había precalificado previamente a siete consorcios oferentes. Entre ellos se encuentran actuales operadores como Enel, AES Argentina, Central Puerto (con Central Costanera) y Orazul, además de los grupos liderados por Edison, Aluar y Genneia, y Pampa Energía.

Impulsado por la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), este proceso se enmarca en el programa de privatizaciones de la administración de Javier Milei. El objetivo es renovar los contratos bajo un nuevo esquema que garantiza mayor control estatal y permite la participación accionaria de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital.

Los complejos licitados son activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del Sistema Interconectado Nacional. Los nuevos concesionarios no solo deben abonar el canon de concesión, sino también un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).