La Justicia rechazó la cautelar que frenó la Ley de Glaciares en Santa Cruz

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó este lunes la medida cautelar que paralizaba la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. Los magistrados tomaron esta decisión en respuesta a los planteos de la Procuración del Tesoro de la Nación frente a la falta de argumentos del fallo original.

La causa inició por una presentación del intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto con otros legisladores locales. Estos dirigentes políticos cuestionaron la constitucionalidad de la norma y lograron que un juez federal de Río Gallegos ordenara al Estado nacional la suspensión temporal de las modificaciones.

Los camaristas criticaron con dureza la resolución apelada porque se apoyó en escenarios hipotéticos y carentes de pruebas. En este sentido, los jueces señalaron que "la sentencia se construye exclusivamente dentro del campo de lo potencial" y se basa en hechos que apenas "podrían llegar a ocurrir".

El tribunal superior advirtió además que el magistrado de primera instancia omitió explicar las modificaciones de la nueva legislación o su supuesto impacto negativo. Por estos motivos, los jueces concluyeron que "la sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad".

El tribunal rechazó el riesgo ambiental inminente por la nueva norma

Los magistrados descartaron el requisito de "peligro en la demora" para justificar el freno a la legislación. Según el texto del fallo, "La Ley 27.804 no entraña una manifiesta o evidente incompatibilidad con los principios y garantías" de los demandantes, y además "ninguna actividad que hubiera estado prohibida con anterioridad ha pasado a estar permitida como consecuencia de la sanción del nuevo marco normativo".

La resolución recordó también que amplias áreas santacruceñas conservan sus protecciones por su ubicación dentro de parques nacionales o bajo la ley provincial de glaciares. Ante estas múltiples capas de seguridad jurídica, los camaristas consideraron "jurídicamente improcedente" sostener que la reforma habilite actividades perjudiciales de forma automática.

Finalmente, la Cámara cuestionó la tramitación del expediente y advirtió sobre "numerosas falencias de fundamentación que impiden considerarlo como un acto jurisdiccional válido". Con esta anulación total, la reforma legal recuperó su plena vigencia mientras el juzgado de origen adecúa el proceso y continúa el debate de fondo sobre su validez constitucional.