El Banco Mundial aprobó un préstamo de u$s300 millones para optimizar los subsidios al gas

Este nuevo financiamiento se suma al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos y reclasificar a 1,2 millones de hogares.

El Banco Mundial le aprobó a la Argentina un crédito por u$s300 millones con el objetivo de fortalecer la capacidad estatal en la gestión de subsidios al gas y proteger así a los hogares más vulnerables. Este financiamiento, anunciado por el propio organismo internacional durante este viernes, busca promover la sostenibilidad fiscal y ambiental en el sector energético.

Este nuevo financiamiento se suma al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y reclasificar correctamente a 1,2 millones de hogares. Las condiciones del préstamo del organismo internacional para el país establecen un margen variable, un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años.

De acuerdo con el comunicado del Banco Mundial, la iniciativa amplía el alcance de los subsidios, incluyendo tanto a usuarios de red como a quienes dependen del gas envasado, con especial atención a las regiones sin acceso a gas por red, donde la población utiliza principalmente gas envasado para cocinar.

El proyecto contempla la simplificación, armonización y modernización de los esquemas de subsidios para el suministro de gas, con el fin de mejorar la eficiencia y la accesibilidad. Una de las novedades es la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, lo que facilitará su acceso a subsidios y a programas complementarios, según detalla el comunicado de prensa del organismo.

Entre los objetivos principales del financiamiento se encuentra el fortalecimiento institucional para optimizar la focalización de los subsidios, de modo que estos lleguen efectivamente a los hogares de bajos ingresos. El Banco Mundial subrayó que la medida aspira a proteger a los sectores más vulnerables, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades energéticas.

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