El fiscal especializado en violencia en espectáculos deportivos de Avellaneda, Mariano Zitto, confirmó este lunes la clausura del estadio Presidente Perón luego del uso de pirotecnia durante la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. Además, ordenó la creación de una mesa de diálogo institucional entre el club y la Aprevide para fijar protocolos preventivos comunes.
Problemas para Racing: la justicia ratificó la clausura del Cilindro y le exigió nuevos protocolos de seguridad
El fiscal Mariano Zitto confirmó la medida tras el uso de pirotecnia en la semifinal ante Flamengo.
Según la resolución del Ministerio Público bonaerense, los explosivos utilizados el 29 de octubre en la previa del ingreso de los jugadores implicaron una violación a la Ley de Espectáculos Deportivos y representaron un riesgo concreto para el público y el personal de seguridad.
El fiscal detalló que dentro del estadio se hallaron cajas con pirotecnia, lo que permite inferir la participación o facilitación de dirigentes del club pese a la prohibición expresa de la Aprevide. Si bien los artefactos eran de venta libre, su uso en estadios está prohibido por el riesgo de lesiones y asfixia en contextos de alta concentración de personas.
Zitto recordó antecedentes similares con el estadio de Independiente y advirtió sobre la “necesidad de proteger la integridad física de los asistentes ante conductas negligentes de los organizadores”. También remarcó que la dirigencia de Racing desoyó advertencias previas y justificó la pirotecnia bajo el argumento del “folclore futbolero”.
La medida dispone que la mesa de diálogo funcione durante un máximo de dos meses y que participen representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA, la Conmebol, la Municipalidad de Avellaneda y la Superintendencia de Riesgo Siniestral. El objetivo será elaborar un protocolo unificado de seguridad para todo el territorio provincial.
Finalmente, el fiscal recomendó que la manipulación de pirotecnia quede reservada a personal especializado y sugirió aplicar sanciones directas, incluido el derecho de admisión, a dirigentes que faciliten o no impidan el uso de artefactos prohibidos.
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