Los clubes que integran la Liga Profesional de Fútbol convocaron este lunes a un paro de actividades desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la 9ª fecha del Torneo Apertura tal como estaba programada.
La medida de fuerza será del jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la 9ª fecha del Torneo Apertura tal como estaba programada. La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Los clubes que integran la Liga Profesional de Fútbol convocaron este lunes a un paro de actividades desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la 9ª fecha del Torneo Apertura tal como estaba programada.
La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y como un respaldo institucional a los dirigentes involucrados, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.
Desde la cuenta de X de la LPF se informó que "las restantes categorías de nuestro fútbol se plegarán a la medida de fuerza implementada en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".
La AFA también emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales. En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.