La millonaria suma que le exige Messi a los ambientalistas que vandalizaron su casa en Ibiza

La vivienda, que casi nunca está habitada, cuenta con una planta baja de 420 metros cuadrados, además de un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una pileta de 92 metros. La finca tiene una superficie de algo más de 16.000 metros cuadrados.

Dicha acción fue condenada hasta por el presidente Javier Milei, quien acusó a “los comunistas que quieren asesinar a los ricos”. “Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España", continuó y agregó: “El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado".

El millonario cargo que enfrentarán los activistas por vandalizar la casa de Messi en Ibiza

Los tres chicos que se habían adjudicado el ataque a la mansión de Leo Messi, que fueron detenidos y posteriormente liberados, no quedarán exentos totalmente de los hechos, sino que deberán enfrentarán cargos millonarios.

Según informó una portavoz de la Guardia Civil, “los cargos que enfrentan los detenidos están relacionados con daños materiales, con un valor estimado en 50.000 euros”.

Uno de los activistas se niega a pagar la millonaria demanda y asegura que hay que derribar la casa

Bilbo Bassaterra es el único de los tres detenidos del grupo activista Futuro Vegetal que tomó contacto con los medios y aprovechó para defenderse de la acusación y la posible multa que deberá pagar.

“Según parece, un trabajador de Messi ha denunciado lo ocurrido, valora en 50.000 euros los daños, pero nosotros nos vamos a oponer. Nos acusan de un delito de daños, estamos en proceso de que el juzgado tramite los primeros documentos para que se solicite que se declare el sobreseimiento de la causa”, aseguró el joven que se autodenomina “Eco-terrorista”, “El Pablo Escobar de los veganos” y el “Director de una organización criminal” en las redes sociales.

Al mismo tiempo, consideró que “si la construcción es ilegal y lo que debe proceder es el derribo, no tiene sentido que nos reclamen 50.000 euros”.