Sin avances de fondo: el Gobierno y las universidades ratificaron sus posturas ante la Justicia por el presupuesto

La reunión fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el reclamo por el incumplimiento de la medida cautelar vigente.

Según trascendió, ell CIN respaldó el planteo y sostuvo que la situación de los hospitales universitarios exige una respuesta urgente en todas las instituciones públicas que cuentan con esos centros de salud. Además, pidió celeridad tanto para la resolución definitiva de la causa como para el cumplimiento de la medida cautelar vigente.

"Ratificamos la necesidad de que, con celeridad, se ejecute la cautelar y se avance con la sentencia de fondo. Cada parte ratificó su posición, no hubo acuerdo y siguen las actuaciones según su estado. Desde nuestra perspectiva, la audiencia fue igualmente importante, y aspiramos tener novedades en los próximos días en el sentido de lo peticionado", respondió el titular del CIN, Franco Bartolacci, después de la reunión a Clarín.

Los enviados de Javier Milei fueron: el procurador del Tesoro,Sebastián Amerio, el subprocurador Julio P. Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quienes tomaron nota de los reclamos. Además, mencionaron la convocatoria a paritarias prevista para el 1 de septiembre. Se habrían comprometido a analizar la asignación de los recursos solicitados, pero insistieron en su pedido para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en el expediente.

Qué se discute

Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.

La disputa tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.