Una jauría de perros asilvestrados provocó una tragedia económica y educativa en la Escuela Agrotécnica “Nuestra Señora de la Candelaria”, en Río Grande, al matar a 120 corderos. El ataque, descubierto a principios de la semana pasada, afectó directamente el trabajo de alumnos e instructores que dedican el año a la enseñanza de la producción local. Las autoridades del establecimiento salesiano fueron contundentes al afirmar que, tras el episodio, “el trabajo de todo el año se tiró a la basura”.
El administrador de la escuela, Mauricio Hoyos, detalló que el recuento de bajas podría superar los 120 animales, a los que se suman entre 50 y 60 ejemplares con heridas de diversa gravedad.
Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche, aprovechando la dificultad de monitoreo en las más de dos mil hectáreas del predio. Hace apenas diez días, los estudiantes habían finalizado las tareas de destete para reponer el rebaño.
Desde la institución denunciaron que este escenario se repite en distintas estancias de la provincia debido a la falta de conciencia sobre la tenencia de mascotas.
“El origen de estos problemas son los animales que no se cuidan, los animales que se sueltan y se dejan, que después se terminan convirtiendo en esto. No hay responsabilidad por parte de la población en cuanto a las mascotas”, lamentó Hoyos. La pérdida no solo es financiera por la inversión en alimentos, sino también pedagógica para el alumnado.
En su descargo público, la escuela subrayó que la responsabilidad ecológica implica acciones concretas como el chipeo, la castración y la intervención de las áreas de zoonosis para evitar el abandono. Criticaron la falta de compromiso ciudadano al señalar que la conciencia debe ir más allá de la indignación superficial: “No es solo llorar por televisión cuando vemos faenar animales, sino en ser responsables”.
Piden que se cumpla la Ley de Manejo de Poblaciones Caninas
Ante la magnitud del evento, la Asociación Rural de Tierra del Fuego exigió medidas urgentes a los municipios y al gobierno provincial. Su presidenta, Lucila Apolinaire, reclamó el cumplimiento efectivo de las ordenanzas vigentes y la asignación de un presupuesto real para la Ley de Manejo de Poblaciones Caninas. La entidad gremial busca frenar una problemática que amenaza la sustentabilidad de la producción ovina en toda la isla.
La situación vuelve a poner en el centro del debate la Ley Provincial N.° 1146, que define al "perro de vida libre" como aquel que se independiza del ser humano para subsistir. Esta normativa declara al perro salvaje como una especie exótica invasora y establece un programa de control para mitigar los daños que causan en el ecosistema y la economía rural. Sin embargo, los productores insisten en que la ley carece de ejecución práctica.
Finalmente, las autoridades educativas insistieron en que las consecuencias de la falta de conciencia social están a la vista con la destrucción del trabajo docente y estudiantil. El episodio en la escuela agrotécnica se suma a una larga lista de ataques en la región.