Prisión perpetua para el policía que mató a Luciano Olivera en Miramar

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al policía bonaerense Maximiliano González por el homicidio de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, ocurrido en Miramar el 10 de diciembre de 2021.

En un duro fallo contra el accionar del policía, el tribunal consideró probado que el acusado cometió un “homicidio triplemente agravado, por el uso de arma de fuego, la alevosía y el abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad estatal”.

La sentencia fue dictada tras el veredicto del juicio por jurados. Se lo declaró culpable por unanimidad y el tribunal rechazó el pedido de la defensa para declarar inconstitucional la pena.

La noche en que Luciano Olivera recibió un disparo en el pecho por parte del policía de la provincia de Buenos Aires había comenzado con un festejo del joven en una cena de fin de año, junto a sus compañeros de la sexta división del Club Once Unidos de Miramar.

En la madrugada, el adolescente se subió a su moto y en el camino lo interceptó una patrulla integrada por policías. Recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte.

En el juicio se consideró probado que González actuó con alevosía, utilizó un arma de fuego y abusó de su función como miembro de una fuerza de seguridad, lo que justificó la aplicación de la pena más grave prevista por el Código Penal.

El abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, sostuvo que no existían atenuantes y calificó el caso como violencia institucional. “El poder del Estado fue usado para matar a un chico de 16 años”, afirmó, al remarcar que no hubo arrepentimiento ni auxilio a la víctima.

Durante la audiencia, el abogado Dalbón fue categórico al rechazar cualquier intento de morigerar la pena. “La pena es única, es indivisible, no existen atenuantes”, sostuvo, al remarcar que González actuó “desde el poder, desde la superioridad funcional y desde la portación de un arma que le dio el Estado para proteger y no para matar”.

El fallo ratificó la validez de la prisión perpetua y señaló que el condenado solo podría aspirar a una eventual revisión de su situación tras 35 años de prisión, en la etapa de ejecución de la pena.

En la resolución, el tribunal remarcó que la vida de Luciano Olivera fue truncada de manera violenta y arbitraria, y que el autor del disparo tenía el deber especial de proteger a los ciudadanos. Por ese motivo, consideró plenamente justificada la aplicación de la pena de prisión perpetua, con costas a cargo del condenado.