El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traslado al Ministerio de Salud, dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de una política de ajuste y reorganización del Estado, abrió un escenario de profunda incertidumbre institucional y social. La medida, que implica la pérdida de un organismo específico con autonomía política, fue presentada oficialmente como un reordenamiento administrativo, pero desde el sector de la discapacidad advierten que se trata de un cambio de fondo que redefine prioridades y afecta directamente la vida de las personas con discapacidad.
En ese contexto, la voz de Laura Lavega se volvió central. Referente de la red de prestadores de discapacidad y responsable de un hogar de residencia permanente en Quilmes, Lavega sostiene que la decisión del Ejecutivo no puede leerse como un simple traslado operativo. Desde su perspectiva institucional, afirma: “La lectura institucional que hago del traslado de la ANDIS al Ministerio de Salud es profundamente negativa. No se trata de un simple reordenamiento administrativo, sino de una decisión política que degrada el área de discapacidad dentro del Estado nacional”.
Para Lavega, el impacto es estructural: “la discapacidad deja de pensarse como una política pública transversal basada en derechos humanos y pasa a ser absorbida por una lógica estrictamente sanitaria, asistencial y medicalizante”.
La pérdida de autonomía es, según explica, uno de los núcleos del problema. “Esto implica una pérdida concreta de autonomía política, de jerarquía institucional y de capacidad de decisión”, advierte, y agrega que “la discapacidad vuelve a ser tratada como un problema individual de salud y no como una responsabilidad colectiva del Estado, tal como lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Lejos de ser una discusión teórica, el impacto del cierre de la ANDIS ya se manifiesta en el territorio. Lavega coincide con los diagnósticos que alertan sobre un vaciamiento deliberado del sistema y describe señales concretas que se repiten en la gestión cotidiana: “lo que estamos viviendo es un vaciamiento deliberado del sistema y un retroceso conceptual enorme”. En su relato, enumera consecuencias inmediatas: “En el territorio las señales son clarísimas: se paralizaron altas, se frenaron renovaciones de prestaciones, no hay respuestas administrativas, no se entregan insumos básicos como medicamentos o pañales y se interrumpen tratamientos esenciales”.
Ese escenario, señala, tiene un efecto simbólico y material a la vez: “Todo esto empuja a las personas con discapacidad a la lógica del ‘paciente’, del ‘enfermo’, del sujeto pasivo que debe esperar, en lugar de ser reconocidas como sujetos de derecho”. Desde su lugar de gestión, describe un cuadro de emergencia social: “Desde la gestión cotidiana vemos familias desesperadas, instituciones endeudadas y personas con discapacidad que pierden apoyos fundamentales para su autonomía y su vida digna”.
La reestructuración estatal también profundizó una parálisis administrativa que atraviesa al sector. Expedientes detenidos, autorizaciones que no llegan y pagos demorados se volvieron parte de la rutina. Lavega no duda en calificar el impacto: “En términos operativos, el impacto es devastador. La reestructuración se traduce en una parálisis total del sistema: expedientes que no avanzan, autorizaciones que no llegan, pagos demorados o directamente inexistentes y un silencio absoluto por parte del Estado”. Esa ausencia, remarca, no es neutra: “tiene consecuencias concretas: instituciones al borde del cierre, trabajadores precarizados, familias obligadas a sostener con recursos propios lo que debería garantizar el Estado”.
Para las personas con discapacidad, el efecto es aún más grave. Según Lavega, “significa discontinuidad en los apoyos, retrocesos en su desarrollo, mayor dependencia y vulneración de derechos básicos”. A esta situación se suma la interrupción de los pagos del programa Incluir Salud, supeditados —según informó el Gobierno— a la aprobación del presupuesto 2026. Para el sector, esta decisión agrava una crisis ya existente.
Lavega es categórica al respecto: “la interrupción de los pagos de Incluir Salud, supeditados a la aprobación del presupuesto 2026, es una decisión gravísima y profundamente irresponsable”. En un sistema ya desfinanciado, advierte que “muchas prestaciones dependen exclusivamente de esos fondos” y subraya que “no estamos hablando de gastos superfluos, estamos hablando de medicamentos, de pañales, de alimentación, de cuidados permanentes”. Condicionar esos recursos, afirma, “es poner en riesgo la vida de miles de personas”. Su diagnóstico es contundente: “esto no es ajuste, es crueldad”.
Desde una mirada política más amplia, Lavega entiende que el cierre de la ANDIS forma parte de un rumbo definido del Gobierno nacional en materia de discapacidad. “Hay un claro retiro del Estado, un desmantelamiento de políticas públicas y una lógica de ajuste que siempre recae sobre los sectores más vulnerables”, sostiene. En ese marco, advierte que “el traspaso institucional, la falta de financiamiento y el congelamiento de prestaciones ponen en peligro no solo el funcionamiento de los espacios, sino la vida misma de las personas con discapacidad”.
Para la referente, la responsabilidad estatal es indelegable: “el Estado tiene una responsabilidad indelegable frente a una población históricamente vulnerada. No es una opción, es una obligación legal, ética y política”. Frente a este escenario, concluye, el silencio no es una alternativa: “Nuestra responsabilidad como prestadores, como referentes y como sociedad es no callarnos, organizarnos y luchar para que no se entregue un solo derecho más”.
El cierre de la ANDIS no se limita a un decreto ni a un cambio en el organigrama estatal. Se escribe, día a día, en la interrupción de tratamientos, en la falta de medicamentos y en la incertidumbre de miles de familias. En esa disputa, la voz de Laura Lavega condensa una advertencia política clara: sin un Estado presente, las personas con discapacidad vuelven a ser objetos de asistencia y no sujetos de derecho.
Por Candela Perez.
