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Largas filas y demoras en Constitución por el trámite para vincular el CUD a la SUBE: "Es otra crueldad del Gobierno"

Personas con discapacidad y sus familias denunciaron demoras, fallas en la plataforma digital y falta de asistencia para completar el trámite que exige el Gobierno para mantener el beneficio del transporte gratuito.

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  • Largas filas, demoras y fuertes reclamos se registraron este jueves en la estación Constitución, donde decenas de personas con discapacidad y sus familiares intentaron completar el trámite de vinculación entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE para conservar el beneficio del 100% de gratuidad en colectivos y trenes.

    La nueva modalidad, impulsada por el Gobierno nacional, comenzará a regir el próximo 19 de junio para los servicios de jurisdicción nacional y exige asociar el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria. Sin embargo, usuarios denunciaron dificultades para realizar la gestión de manera virtual debido a fallas en la plataforma y la falta de acompañamiento para quienes necesitan asistencia.

    En ese contexto, la actriz Lola Berthet, madre de un joven con discapacidad, expresó su malestar en diálogo con C5N y cuestionó la decisión oficial. "Estoy sacada. Otra vez la crueldad de meternos en trámites irrisorios. Piden documentación para corroborar que mi hijo sigue siendo autista", relató.

    La actriz explicó que intentó realizar el trámite de forma online, pero no pudo avanzar por los inconvenientes técnicos. "La página no está andando. Por eso terminé yendo a la comuna", señaló.

    "No tienen noción de nuestra vida cotidiana", agregó Berthet, quien también advirtió que "están pidiendo demasiado papelerío". La actriz remarcó que las dificultades para acceder al transporte se suman a una situación crítica que atraviesa el sector.

    "Hay muchas escuelas que cerraron y transportistas que se quedaron sin trabajo porque las personas con discapacidad no pueden trasladarse. Todo eso está sucediendo", sostuvo. Y concluyó: "Toman decisiones sin tener idea de la cotidianeidad de las personas con discapacidad".

    "Nos sentimos maltratados": el testimonio de quienes hicieron fila en Constitución

    Las quejas por los nuevos requisitos se producen en un contexto de creciente conflictividad entre las organizaciones del sector y el Gobierno nacional, al que acusan de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad y de profundizar el ajuste sobre prestaciones, transporte, educación y acompañamientos terapéuticos.

    En los últimos meses, prestadores, familiares y organizaciones realizaron movilizaciones para reclamar por la actualización de aranceles, la regularización de pagos y el cumplimiento de la normativa aprobada para atender la emergencia.

    Además de las críticas de organizaciones y familiares, las largas filas en la estación Constitución dejaron al descubierto el malestar de las personas con discapacidad y sus acompañantes, quienes denunciaron dificultades para completar el trámite, pérdida de horas de trabajo y falta de asistencia.

    "Lamentablemente, en vez de hacer todo más simple para la gente, te lo complican. La página no anda, no hay oficinas de SUBE, llamás por teléfono y solo te atiende una operadora. Yo puedo estar parado, pero me pongo a pensar en las personas que no pueden hacer largas horas de fila. ¿Qué hace esa gente?", se preguntó un hombre que aguardaba para realizar la gestión.

    Y agregó: "Es feo y doloroso. La estamos pasando mal. No tenemos trabajo, cobramos poco, las cosas aumentan. Es indignante. Nos sentimos maltratados".

    Otro de los usuarios apuntó contra la medida y aseguró que la nueva exigencia representa una barrera adicional para acceder al beneficio. "Esto es una avivada del Gobierno para complicarnos el tema de viajar. Es una lucha. No podemos estar viniendo de tan lejos para hacer este trámite. Perdí horas de trabajo", lamentó. "Se meten mucho con nosotros y no tenemos la culpa de ser discapacitados. Es muy triste lo que hacen con la gente humilde", añadió.

    En la misma línea, una mujer denunció que la implementación del sistema vulnera derechos ya reconocidos por la legislación vigente. "Lo que están haciendo es un delito. Están pasando por encima de los derechos de las personas con discapacidad. Son cobardes: las personas con discapacidad no pueden defenderse solas, por eso lo hacen", sostuvo.

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