La Litoraleña, una cooperativa recuperada que lucha por mantener sus puestos de trabajo

La empresa recuperada se dedica a fabricar tapas de empanadas, tartas y pastas y hace ocho años que atraviesa una causa judicial que pone en riesgo a más de 50 familias. Luis Baini, su presidente, asegura que por culpa de la crisis económica es "cada vez se hace más difícil" poder seguir en funcionamiento.

La Litoraleña es una cooperativa recuperada en el año 2015 que se dedica a fabricar tapas de empanadas, tartas y pastas. Sus empleados tomaron las riendas de la empresa y decidieron defenderla: en el marco de la crisis que atraviesa el país, los tarifazos y la caída del consumo, luchan por mantener 50 puestos de trabajo.

Se encuentra ubicada en el barrio de Chacarita. Es una empresa cuyo dueño quebró hace ocho años, pero que empleados y vecinos organizados lograron recuperarla. Eso no es todo, sino que iniciaron un juicio ese año para pagar salarios e indemnizaciones, que continúa en la actualidad y pone en riesgo el trabajo de 50 familias.

En diálogo con C5N, Luis Baini, presidente de la sociedad, explicó que debido a la caída del consumo y el aumento de la materia prima, la situación es cada vez más compleja y compararon el presente con lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri. "El principal desafío que tenemos como cooperativa es solucionar el conflicto judicial que lleva ocho años sin que tenga una resolución definitiva. En caso de que se concrete el desalojo, estaríamos corriendo el riesgo cincuenta familias de quedarnos en la calle", detalló.

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En 2015, después de meses sin cobrar los salarios, los empleados decidieron ocupar las instalaciones y parar las actividades. A partir de ese momento, se comenzaron a organizar para crear la sociedad cooperativa y en 2016 lograron conseguir la matrícula.

Para 2016, la empresa quebró y los trabajadores se presentaron ante el Juzgado de la Quiebra para poder continuar con las actividades, pero, entre idas y vueltas, pasaron dos años sin novedades, hasta que la Cámara de Apelaciones dicto la legalidad para poder trabajar. Sin embargo, para el 2020 comenzó otra lucha cuando se pidió el desalojo de la fábrica. A pesar de que apelaron la decisión en 2023, la Cámara rechazó el pedido y los trabajadores quedaron a la deriva.

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En cuánto a tarifas, señalaron que pasaron de pagar 900 mil pesos a 3 millones de pesos el mes pasado. "El otro tema que es muy importante es la caída de la demanda, que se sintió en febrero y pero especialmente en marzo, que es el pico de la demanda por la fiesta en Pascua", explicó el Fabián Pierucci, responsable de planificación de la cooperativa.

"Estamos sostenidos por la historia de otras experiencias similares, que llamamos la autogestión, por nuestros vecinos y vecinas que cada día confiaron en la responsabilidad social que significa preservar la fuente de trabajo, pero con una apertura en donde la fábrica ya no es de un propietario privado, sino que esté al servicio de la comunidad", analizaron.

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