La Justicia reconoció los fusilamientos de José León Suárez como delitos de lesa humanidad

La Justicia Federal de San Martín dictó un fallo histórico al determinar la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez y definirlos como delitos de lesa humanidad.

La resolución concluyó que las detenciones y ejecuciones realizadas tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, en junio de 1956, formaron parte de un operativo ilegal organizado desde las más altas esferas del gobierno de facto que encabezaban Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.

La sentencia fue emitida en el marco del denominado Juicio por la Verdad, una instancia que permitió reconstruir judicialmente los hechos pese a que todos los responsables directos ya fallecieron. Durante las audiencias también participaron familiares de las víctimas, algunos de los cuales brindaron testimonio por primera vez ante la Justicia, acompañados por equipos especializados en asistencia y contención.

El tribunal tuvo por probado que efectivos policiales irrumpieron de manera ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida durante la madrugada del 10 de junio de 1956. Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a una dependencia policial y luego a un descampado de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.

Como consecuencia de aquel operativo murieron Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete detenidos lograron sobrevivir, entre ellos Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio fue considerado clave para el esclarecimiento de los hechos.

La jueza calificó lo ocurrido como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Además, sostuvo que, de haber estado vivos, los responsables hubieran enfrentado penas de prisión perpetua.

Medidas reparatorias y de memoria

Además de establecer la responsabilidad estatal, la sentencia ordenó una serie de acciones destinadas a reparar simbólicamente a las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido.

Entre las medidas dispuestas figura la restitución del honor y buen nombre de las doce personas alcanzadas por el operativo, la publicación del fallo en organismos oficiales y la incorporación de los hechos a contenidos educativos nacionales y bonaerenses.

También se ordenó la colocación de señalizaciones y placas recordatorias en los lugares vinculados con los hechos, así como la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez, escenario de las ejecuciones.

La resolución dispone además que las víctimas sean incorporadas al registro oficial de personas afectadas por la violencia institucional del Estado. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 16 de julio.