La Justicia federal de Goya, Corrientes, a cargo de la doctora Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, aceptó el caso Loan Danilo Peña y ordenó las primeras diligencias judiciales para continuar con la investigación sobre el paradero del niño.
La Justicia Federal de Goya aceptó el caso Loan y ordenó peritar celulares
La jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo ordenó la extracción forense de datos para conocer mensajes de celulares de todos los detenidos.
Entre otras medidas, la jueza ordenó el peritaje de los celulares de todos los detenidos para conocer los mensajes y los llamados que realizaron antes y después del hecho, medida que no se había tomado en los 13 días que lleva la investigación.
"Hasta el momento no se había ordenado la extracción forense de datos de los celulares. Se habían cruzado las antenas pero para saber los mensajes y los llamados de cada detenido necesario la extracción de datos", explicó la periodista Vanesa Petrillo en De Una.
La periodista explicó además que la aceptación del caso por parte de la Justicia de Goya es un reconocimiento de que la desaparición de Loan se trata de un tema federal, ya sea trata de personas, sustracción de menores o privación de la libertad. "Están todas las hipótesis abiertas", indicó.
Trasladan a Caillava y Pérez a un penal en Salta
Fuentes judiciales informaron que el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su pareja, la exfundionaria municipal de 9 de Julio María Caillava, serán trasladados a un penal de Salta para preservar su integridad física.
Se tratan de 2 de los 6 detenidos por la desaparición del niño de cinco años. Tanto Pérez como Caillava, se encuentran imputados como coautores materiales del delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Bajo la misma acusación están apuntados como partícipes necesarios los detenidos Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Con respecto al comisario Walter Maciel, fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.
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