Incertidumbre laboral tras el voraz incendio en la fábrica de Costumbres Argentinas: cerca de 300 familias afectadas

Un feroz incendio ocurrido la noche del viernes 21 de agosto destruyó las instalaciones de la panificadora del Grupo Almar, ubicada en Don Torcuato, donde se elaboran los productos de la cadena Costumbres Argentinas. A meses del siniestro, la situación de los trabajadores es de extrema incertidumbre y conflicto laboral, tras la llegada masiva de telegramas de despido y el reclamo por el pago total de sus indemnizaciones.

La planta albergaba a cerca de 300 trabajadores, sumando personal operativo y administrativo. Tras el siniestro que causó la destrucción total de las instalaciones, la empresa ofreció a un reducido grupo de empleados la reubicación en otros puestos de trabajo. Sin embargo, la mayoría no pudo aceptar la propuesta debido a cambios a horarios rotativos, distancias de traslado y modificaciones en su rutina habitual de trabajo.

Ante esta situación, comenzaron a enviarse telegramas de despido. Según informaron los delegados, ya llegaron más de 100 telegramas y resta que los reciban las pocas personas que aún continúan esperando en sus domicilios.

El incendio destruyó la fábrica del Grupo Almar.

En las notificaciones enviadas, la empresa argumenta razones de fuerza mayor vinculadas al incendio y la imposibilidad de reabrir la planta, apelando al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para abonar únicamente el 50% de la indemnización correspondiente. Frente a esto, los operarios rechazan el cobro reducido y buscan la aplicación del artículo 245 por despido injustificado, exigiendo la indemnización al 100%. Los trabajadores advierten que la empresa cuenta con seguro por la destrucción total y que el grupo posee otras plantas industriales.

La crisis golpea de lleno el bolsillo de familias con hasta 20 años de antigüedad que hoy se encuentran sin ingresos firmes. Mientras esperan avances en las audiencias e instancias de reclamo, muchos empleados sobreviven realizando trabajos informales o apelando a la venta de bienes personales para subsistir.

Laura, delegada sindical: "Queremos que nos paguen lo que nos corresponde al 100%"

Con 18 años de trayectoria en la planta de Don Torcuato, Laura se desempeñaba habitualmente en el área de preempaque de pastelería, aunque remarca que sus tareas iban más allá de esa función específica. "Hacía de todo un poco también, por ahí estaba ayudando ahí, por ahí iba a la parte de recepción, por ahí estaba en la cocina", relató al cronista de C5N Claudio Cardoso al recordar la cotidianeidad de la fábrica antes de la catástrofe.

La noche del viernes 21 de agosto cambió abruptamente la vida de las casi 300 personas que integran la nómina del establecimiento, entre operarios y administrativos. La conmoción inicial fue inmediata en todos los hogares. "Todos estábamos en la casa, fue un viernes. No lo podíamos creer, hasta yo estaba shockeada, llorando en mi casa con mi hija, ella diciéndome 'mamá, ya está todo bien'", rememoró la delegada. En medio de la angustia, las consultas entre compañeros no tardaron en multiplicarse: "A mí, por ser delegada, me llegaban todos los mensajes preguntándome qué va a pasar con ellos. No teníamos contestación de nada".

Respecto a las alternativas que ofreció la firma tras la destrucción del inmueble, la representante gremial aclaró que la empresa brindó posibilidades de reubicación solo a un grupo reducido de trabajadores, pero la propuesta resultaba inviable para la mayoría por las condiciones planteadas. "Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de lunes a viernes o sábados hasta mediodía nada más, fin de semana teníamos franco y ya uno tiene su rutina", explicó, detallando que las jornadas habituales contemplaban 54 horas semanales. Al ofrecerles puestos lejanos y con esquemas rotativos, la casi totalidad del personal rechazó la medida: "De todos los que dieron, creo que quedaron nada más que dos chicos".

La falta de reubicación derivó rápidamente en una ola de despidos. Laura señala que las notificaciones comenzaron a ingresar masivamente en las distintas viviendas: "Ya deben ser más de 100, porque quedan 15 personas nada más". En esos telegramas, la compañía justifica las desvinculaciones por el incendio y la imposibilidad de reapertura, buscando encuadrar los ceses bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para liquidar solo la mitad de lo estipulado por ley.

El incendio ocurrió en la noche del 21 de agosto.

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Frente a esta maniobra, los operarios y el gremio adoptaron una postura firme en las audiencias laborales. "Estamos yendo a audiencia ya por el tema para aplicar el 245, que es lo que tienen que pagar. Porque ellos van a cobrar un seguro, y con ese seguro aparte hay otras empresas también, no es que no tienen otras empresas. Entonces corresponde que nos paguen. Dejaron de un día para otro a muchos operarios afuera, sin trabajo", aseveró. Consultada sobre si exigen volver a trabajar, sostuvo que la vía del retorno quedó descartada para la masa salarial: "Reubicarlos ya no. Ahora el reclamo es para que paguen al artículo 245 al 100%. O sea, eso se quiere, eso queremos".

El impacto social en el personal es profundo, considerando que la fábrica albergaba a empleados con hasta dos décadas de servicio. "Hay trabajadores de 20 años, de 16 años, 12 años, 10 años... Yo estaba hace 18 años", graficó Laura, al tiempo que describe el contexto adverso en el que quedaron sumergidos, donde muchos perciben ingresos que no alcanzaban a cubrir la canasta básica. "La mayoría está haciendo changuitas, todo eso hasta que le salga algo. Aparte que está difícil la situación afuera también, entonces como que cuesta", manifestó.

Aunque las primeras remuneraciones tras el siniestro fueron abonadas en su totalidad a comienzos de septiembre, los despedidos continúan a la espera del cobro de sus correspondientes liquidaciones finales. En tanto, la comunicación directa con la firma resulta nula: "Hablábamos con los de Recursos Humanos, ellos a lo que nos decían como que no tenían comunicación de nada, no sabían nada, nunca sabían nada".

Sin expectativas de reapertura y con las instalaciones bajo custodia a la espera de ser demolidas, la exigencia central de los damnificados es unánime. Como sintetizó la delegada sindical: "Nosotros queremos que se pague al 100%, al artículo 245. Que nos paguen lo que corresponde, los años que trabajamos acá, las horas de más que tenemos. Si nos tienen que echar, que nos paguen todo".