Docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país iniciarán este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial del 33,4% y el cumplimiento de la intimación judicial dictada por el juez federal Martín Cormick.
Financiamiento universitario: docentes y no docentes paran por 72 horas para reclamar que se cumpla la ley
La medida, que comienza este miércoles, se extenderá hasta el viernes 2 de octubre en todo el país. Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 33,4%, además del cumplimiento de la intimación judicial al Gobierno nacional.
La medida de fuerza se extenderá durante tres días lectivos, hasta el 2 de octubre, y tendrá adhesión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del resto de las casas de altos estudios nacionales, en un reclamo que es impulsado por distintas organizaciones sindicales que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Entre los gremios que participan se encuentran CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA, AGD-UBA, ADUBA, Feduba y la UTE, mientras que el personal no docente también adhiere a través de la FATUN y organizaciones de base como APUBA en la UBA.
El paro estará acompañado por distintas jornadas de visibilización abiertas a la comunidad universitaria y al público general, con propuestas gratuitas en algunas facultades. En Ciencias Económicas de la UBA habrá asesoramiento contable, financiero y técnico, mientras que Medicina realizará un abrazo simbólico como parte de las actividades.
Paro universitario: qué reclaman los docentes y no docentes al Gobierno
El reclamo central apunta a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla una recomposición salarial acumulada del 33,4% para trabajadores del sector. Los sindicatos también cuestionan las propuestas oficiales y advierten que los incrementos ofrecidos resultan insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo.
La protesta también exige que el Poder Ejecutivo cumpla con la intimación del juez federal Martín Cormick, dictada el 22 de septiembre de 2026, cuando concluyó que no existía un "cumplimiento total" de la medida cautelar firme vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
En esa resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 otorgó al Gobierno un plazo de cinco días para acatar la medida en su totalidad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias, conocidas como astreintes, por cada jornada de demora.
El paro de 72 horas funcionará además como antesala de una nueva instancia de movilización nacional. Las organizaciones sindicales universitarias anunciaron la 5ª Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en continuidad con el reclamo por mayores recursos, actualización salarial y cumplimiento de la legislación vigente.
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