El crimen de Lucila Yaconis: un ADN que puede ser la llave para terminar con 20 años de impunidad

Lucila tenía 16 años y el crimen conmocionó a la sociedad. En aquél tiempo los homicidios de mujeres no eran tratados como femicidios, las víctimas de violación no solían hacer las denuncias y los medios prácticamente no informaban sobre casos de ataques sexuales.

Tras los reclamos de mayor seguridad, la zona donde ocurrió el hecho se transformó. Se desmalezó el terraplén de la vía, se instaló luminaria pública y con el tiempo llegaron las cámaras de seguridad. En el baldío contiguo al paso nivel, donde hasta 2003 era un lugar inseguro, se inauguró una plazoleta que lleva el nombre de Lucila Yaconis.

Hoy a 20 años del crimen, la mamá de Lucila, Isabel, mantiene su memoria viva y se abraza a una esperanza: que el ADN del asesino de su hija algún día permita esclarecer el caso.

Las Madres del Dolor

Pocos días después del crimen, Isabel Yaconis encabezó la primera marcha en reclamo de justicia, que contó con el apoyo de Juan Carr, de Red Solidaria. Así fue como se acercó a ella otra madre que compartía el mismo dolor, Marta Canillas, quien seis meses antes había sufrido el secuestro y asesinato de su hijo Juan Manuel, y no dudó en acercarse. Con el correr de los meses se fueron sumando Viviam Perrone, Silvia Irigaray, Elvira Torres, Elsa Gómez y Nora Iglesias. “Ellas fueron mi cobijo”, recuerda Isabel en una entrevista con C5N.com.

"Un día nos llamaron de Casa de Gobierno porque nos quería ver el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. En el medio de la reunión con él apareció el presidente Néstor Kirchner y nos propuso que creáramos una fundación. Nos resultó menos engorroso armar una asociación civil y él nos ayudó con los trámites", explica.

La Asociación Civil Madres del Dolor se creó el 10 de diciembre de 2004 y desde entonces asistió a cientos de familiares de víctimas de homicidios.

El perfil genético del asesino

"Nunca sospeché de nadie en particular. Creo que fue alguien circunstancial, que no era del barrio. Tal vez vino de la provincia en el tren", sostiene Isabel sobre el asesino de su hija. Pero su abogado, Víctor Varone, tiene otra teoría: "Fue alguien de la zona. Alguien que sabía que había movimiento de chicas jóvenes por ese lugar".

Por su parte, Elías Collado, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), que quedó a cargo de la investigación que inició el fiscal José María Campagnoli, no descarta ninguna hipótesis: "Pudo haber sido un lobo solitario, alguien que comete un delito por primera vez, alguien que lo venía haciendo o sigue in crescendo en esta carrera, o tal vez alguien cercano a la víctima".

Los investigadores cuentan con un identikit bastante bien logrado del sospechoso, que lo confeccionaron en base a la declaración de una testigo que vio pasar a Lucila por la calle Paroissien y a un joven detrás de ella. Pero la prueba más importante es una muestra genética del asesino. Se trata de unas manchas de semen halladas en la ropa de Lucila que fueron bien preservadas y que hoy son la llave para esclarecer el crimen.

"La búsqueda del asesino fue lo que me mantuvo en pie. Yo supe que teníamos un ADN y ahí no paré hasta ver dónde se podía cruzar. Ahí me choqué la nariz contra una pared cuando me enteré que no había banco de huellas genéticas", explica Isabel. Así, en 2005, empezó el largo peregrinar de la madre de Lucila por los despachos del Congreso para tratar conseguir apoyo para poder impulsar el proyecto.

El banco genético de condenados por delitos sexuales

El 31 de agosto de 2011, el proyecto tuvo media sanción en el Senado. El 3 de julio de 2013 la Ley 26.879 fue sancionada por unanimidad por Diputados. Pero su reglamentación demoró más de la cuenta y recién se concretó el 17 de julio de 2017.

La función del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) es recibir todas las muestras genéticas que fueron utilizadas en procesos judiciales, con una fuerte cadena de custodia, ingresar y almacenar esos datos. El Registro no es el encargado de procesar las muestras, sino que eso lo hacen laboratorios privados.

De acuerdo con la información del Ministerio de Justicia y DDHH, hay dos tipos de perfiles genéticos que se recopilan y clasifican: uno de ellos se extrae de evidencias de delitos sexuales con autores desconocidos. El otro tipo, en tanto, pertenece a los condenados por sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, y ello debe ser ordenado por el tribunal de juicio.

"Yo no estoy de acuerdo como salió la ley. Nos quedó chica. Porque solo se puede cotejar las muestras con condenados por delitos sexuales con sentencia firme. Si el asesino de mi hija cayó preso por otra causa, no va a estar registrado ahí", se queja Isabel.

"Para quedar condenado en este país tiene que pasar muchísimo tiempo. La mitad de los presos de la Argentina están esperando el juicio o que su codena quede firme. Es decir que en esos casos sus perfiles genéticos no pueden ser cotejados", opina Varone, quien luego añade: "El caso de Uruguay es diferente. Toda persona que por el motivo que fuera pasa por el sistema penitenciario tiene un registro de ADN. Desde hace muchos años hasta la fecha, ellos tienen como cotejar. De hecho, así esclarecieron el crimen de Lola Chomnalez (la adolescente argentina asesinada en Barra de Valizas en diciembre de 2014)".

Prescripción de la causa

"Soy consciente de que la causa puede prescribir. Pasaron 20 años. Yo apunto a que si alguna vez tenemos un caso parecido al de Lucila se pueda solicitar el cruce del ADN, porque si esa persona va a juicio y se comprueba que fue el asesino de mi hija será un agravante", plantea Isabel.

No obstante, Varone considera que la causa no debería prescribir. "En los casos de delitos contra la integridad sexual empieza a correr el plazo de prescripción a partir del momento en que la persona es mayor de edad y denuncia o ratifica… porque en esos tipos de delitos, de índole privada, la víctima hace denuncia cuando puede, debido a un montón de trabas que pueden ser personales, psicológicas", explica el letrado. Es decir, como Lucila fue asesinada en medio de un ataque sexual cuando tenía 16 años, según el criterio del abogado, la causa debería permanecer abierta al menos por dos años más.

Para Elías Collado, "la búsqueda no termina nunca. Más allá del tiempo que ha transcurrido entendemos a la prescripción como algo personal. Si el autor ha tenido otras condenas o ha sido indagado o identificado, para nosotros está interrumpida la prescripción en un delito tan grave”.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.