Dos tabacaleras que evitaban pagar un impuesto por una medida cautelar sufrieron un fuerte revés

El impuesto interno a los cigarrillos grava con una alícuota del 70% su expendio; el precio sobre el que se aplica la alícuota no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza por inflación cuatro veces por año. Al fijo se lo llama impuesto mínimo. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo.

Cabe resaltar que la Sala B de Cámara Federal de Rosario destacó que el Fisco mantuvo su postura recaudatoria sin contradicciones desde que la empresa tabacalera comenzó su actividad, descartando además cualquier animosidad en la conducta desplegada por el fisco contra la contribuyente tabacalera. A diferencia de estas dos empresas, Sarandí continúa indemne gracias al lobby de Otero.

Por otra parte, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, en el mismo sentido, revocó la medida cautelar otorgada a favor la tabacalera por el juez de primera instancia, sobre la base de cuestiones procesales.

Quién es Pablo Otero, el "Señor Tabaco" que domina el millonario negocio de los cigarrillos

Llamó la atención que en la nueva versión de la Ley Bases diseñada por el gobierno de Javier Milei, conocida comúnmente como Ley Ómnibus, haya desaparecido un artículo referido a la industria tabacalera. La omisión no parece deberse a un olvido ocasional, sino al poder de lobby de un empresario del sector al que, por lo bajo, todos conocen como "Señor Tabaco".

Se trata de Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, quien mantiene un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo que le permite pagar menos que sus competidoras.

En base a esas prácticas, Tabacalera Sarandí, logró dominar prácticamente un 33% del mercado de cigarrillos e incluso cuando regía un cierre total de importaciones, la compañía tuvo acceso a los permisos SIRA para comprar del exterior la materia prima para la fabricación de cigarrillos. Según datos oficiales, Tabacalera Sarandí importó 7,9 millones de kilos de tabaco picado o en hebras en 2023 por un total de u$s44 millones.

La importación del tabaco fue una de las cuestiones principales de la que se valió el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para apuntar a Tabacalera Sarandí, sobre la que afirmó que “se autopercibe como pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil”.

“Desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares”. El artilugio legal que menciona el gobernador salteño es un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo que presentó ante la Justicia Pablo Otero y que permite a Tabacalera Sarandí pagar menos que sus competidoras.

El mandatario provincial calificó como “una vergüenza” que el artículo que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos no figure en el nuevo proyecto del Ejecutivo. “Estoy desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo”, graficó.

Pero hay otros aspectos opacos en la empresa, con declaraciones públicas de Otero en las que afirma que factura unos u$s800 millones anuales basados en la venta de atados de cigarrillos, pero los cálculos no cierran a las autoridades de la AFIP.

Además según informo el diario La Nación, Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. Solo en la Argentina, controlan Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, Global Race (vinculada al automovilismo), Punt Vermell (producción de espectáculos) y Crossfinder (servicios de consultoría e informática).

Muchas de las sociedades están constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis, donde también posee, junto a distintos miembros de su familia, varias propiedades.