Tras la marcha federal universitaria y el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento, la situación en las universidades es crítica y los docentes advirtieron que la intención final del Gobierno es "desgastar y privatizar las universidades públicas".
Además, los profesionales denuncian una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales para justificar el ajuste y "distraer de lo que es verdaderamente el problema". En sintonía con esto, en el día de ayer desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) refutaron cinco mentiras que recorren las redes sociales, a las que el Gobierno adhirió.
Para analizar la dramática situación, Adrián Salonia entrevistó a Laura Carboni, docente AGD UBA, y a Adrián Lulita, docente de la USAM y UNTREF, en el programa Bien de Sábado por la pantalla de C5N.
Relacionado con la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles 2 de octubre, Carboni remarcó que "hay mucha preocupación y mucho apoyo de la sociedad por lo que representa la crisis que está atravesando el sistema universitario y el sistema de investigación".
Por su parte, Lulita opinó que "estamos en una batalla permanente con un cambio de eje todo el tiempo. Con una manifestación masiva como fue la del miércoles se corre el eje", en relación con los argumentos que utiliza el Gobierno para desoír el reclamo de docentes, no docentes y estudiantes.
"Estas mentiras permanentes intentan deslegitimar la universidad pública nacional, que es un bien preciado para los argentinos, que es un símbolo de la movilidad social ascendente", añadió el docente.
Los docente se pronunciaron también contra la intención del Gobierno de empezar a cobrar arancel a los extranjeros no residentes que cursen en las universidades públicas.
Ante este panorama, Carboni explicó que este discurso "promueve la xenofobia" y, además, a aquellos extranjeros que deseen estudiar siempre se les pidió tener la residencia argentina o el certificado en trámite de la misma.
"La política de desgaste de destrucción es tan profunda, quieren dejar que la educación pública sea un remanente y pasar a un modelo de educación privada", remarcó Lulita y dio ejemplos como los de Chile o Estados Unidos "donde los estudiantes pagan. Y esto genera un cuestionamiento de quiénes pueden pagarla y quiénes no, y por qué debería ser gratuita y pública".
Universidades públicas desmienten cinco fake news que comunican desde el Gobierno
n medio de la crisis que afecta a las universidades públicas de todo el país y el ataque constante del Gobierno, desde el CIN refutaron una serie de argumentos que se repitieron en los últimos días y a los que el Gobierno adhirió, como por ejemplo, cuando el diputado José Luis Espert dijo que "la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van".
Otro ejemplo es el del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos" para poder obtener un mayor presupuesto. En coincidencia al comunicado que publicó el Ministerio de Capital Humano, donde aseguraron que las universidades "no se dejan auditar".
Las verdades del CIN
1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos FALSO
- En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
2. Los pobres no están en las universidades FALSO
- El 48.5 % de los/as estudiantes inscriptos/as en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH – INDEC). Casi siete (7) de cada diez (10) alumnos/as de los/as dos (2) millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.
3. No se audita lo que gastan FALSO
- Los gastos de las universidades se componen en un 90 % en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden.
- Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.
4. Los salarios están por encima del sector público en general FALSO
- Los/as trabajadores universitarios/as perdieron más que ningún/a otro/a asalariado/a desde diciembre de 2023, incluso más que los/as empleados/as públicos/as del Estado Nacional. Los salarios de más del 85 % de los/as docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores universitarios/as durante el 2024 fue de más del 30 %.
5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal FALSO
- La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del Producto Bruto Interno (PBI). Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14 % se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.