Universidades públicas desmienten cinco fake news que comunican desde el Gobierno

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) compartió "5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas", en el marco de una campaña de desinformación, para poder desacreditar las demandas del sector ante la marcha federal universitaria y los reclamos salariales de docentes y no docentes.

En medio de la crisis que afecta a las universidades públicas de todo el país y el ataque constante del Gobierno, desde el CIN refutaron una serie de argumentos que se repitieron en los últimos días y a los que el Gobierno adhirió, como por ejemplo, cuando el diputado José Luis Espert dijo que "la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van".

Otro ejemplo es el del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos" para poder obtener un mayor presupuesto. En coincidencia al comunicado que publicó el Ministerio de Capital Humano, donde aseguraron que las universidades "no se dejan auditar".

Las mentiras

1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos.
2. Los pobres no están en las universidades.
3. No se audita lo que gastan.
4. Los salarios están por encima del sector público en general.
5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal.

Las verdades del CIN

1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos

• En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.

2. Los pobres no están en las universidades

• El 48.5 % de los/as estudiantes inscriptos/as en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH – INDEC). Casi siete (7) de cada diez (10) alumnos/as de los/as dos (2) millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.

3. No se audita lo que gastan

• Los gastos de las universidades se componen en un 90 % en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden.
  
  
• Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.

4. Los salarios están por encima del sector público en general

• Los/as trabajadores universitarios/as perdieron más que ningún/a otro/a asalariado/a desde diciembre de 2023, incluso más que los/as empleados/as públicos/as del Estado Nacional. Los salarios de más del 85 % de los/as docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores universitarios/as durante el 2024 fue de más del 30 %.

5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal

• La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del Producto Bruto Interno (PBI). Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14 % se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.