Diez años de prisión para una familia por obligar a casarse y explotar a una nena de 13 años

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a diez años de prisión para un matrimonio de gitanos y su hijo, acusados de captar, trasladar y explotar a una adolescente que tenía apenas 13 años luego de haber sido obligada a casarse con uno de ellos. La víctima sufrió explotación laboral, doméstica y sexual durante más de dos años y, según estableció la Justicia, también padeció golpes, quemaduras, amenazas y otros episodios de violencia.

El fallo rechazó los argumentos de la defensa, que había intentado justificar parte de los hechos a partir de los usos y costumbres de la comunidad gitana a la que pertenecían los acusados.

Los hechos comenzaron entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la adolescente fue entregada a la familia acusada a cambio de $825.000, dinero que en la investigación fue identificado como un "precio dotal".

La Justicia determinó que Isabel y Alberto Cristo obligaron a la joven, identificada con las iniciales V.S.Y., a establecer una unión de hecho con su hijo, Franco, quien tenía 20 años. La víctima tenía 13 años y, tiempo después, quedó embarazada.

La familia gitana trasladó a la adolescente a Santa Fe y la sometió a servidumbre

Tras la unión forzada, la adolescente sufrió explotación laboral y doméstica, además de graves abusos físicos. Los acusados la trasladaron luego a Santa Fe, donde permaneció sometida hasta diciembre de 2024, obligada a realizar tareas domésticas y a vender en la calle, mientras recibía amenazas y golpes.

En diciembre de 2024 la joven logró regresar a San Juan junto a Franco y su hijo, pero en abril de 2025 los padres del hombre intentaron obligarla a volver a Santa Fe. Durante una parada en Caucete intentó escapar con el niño en brazos, aunque Isabel Cristo la persiguió y la obligó a subir de nuevo al vehículo.

Un testigo alertó al 911 de San Juan, lo que permitió que efectivos de la Unidad Rural N°1 localizaran el vehículo y rescataran a la joven y a su hijo. La defensa había sostenido que la relación fue voluntaria y que el pago entre las familias respondía a sus costumbres culturales.

El juez Daniel Petrone rechazó esos argumentos y remarcó que la edad de la víctima y su vulnerabilidad invalidaban cualquier consentimiento. El fallo confirmó además una reparación de $75 millones, tras analizar la declaración de la joven en Cámara Gesell, testimonios y registros del 911.