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Detuvieron a cuatro personas en Córdoba y Santa Fe acusadas de financiar a Hezbolá

Se trata de dos hombres y dos mujeres. Durante los allanamientos se secuestraron varias armas de fuego, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, y equipos electrónicos.

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  • Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, fueron detenidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe como presuntos integrantes de una organización delictiva sospechada de financiar la organización islámica Hezbolá mediante transferencias de criptoactivos.

    En el procedimiento, a cargo de efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se secuestraron varias armas de fuego, entre otros elementos.

    La causa comenzó por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el que se advertía diferentes operaciones por parte de un ciudadano colombiano que estaba en Córdoba y un ciudadano sirio vinculado a Hezbolá en el Líbano, en una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC).

    Cuatro personas fueron detenidas acusadas de financiar a Hezbolá

    Tras la investigación, se detectaron 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año vinculadas de manera indirecta, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo Chainalysis, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

    Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, uno con personalidad colombiana y tres argentinas. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.

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    Se estima que el movimiento de fondo a lo largo de dos ascendería a 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.

    El juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto, con esa información, ordenó la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.

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