Antes del fallo, el padre Grassi se declaró inocente: "Milité contra todo tipo de maltrato"

El padre Julio César Grassi solicitó este jueves el beneficio de la libertad condicional al haber cumplido dos tercios de su condena por abuso sexual infantil y corrupción de menores, afirmó que es "inocente" y señaló que "existe la posibilidad que la Justicia haya condenado mal", pero los jueces se lo denegaron.

El sacerdote, quien se recibió de abogado en la cárcel, asumió su propia representación en la audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón, de la que participó de manera virtual. "Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo", aseguró.

También argumentó que el informe psicológico "no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores", remarcó.

"No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado", añadió, y adelantó que va a pedir una "acción de revisión". Sin embargo, los jueces denegaron el pedido.

Grassi se encuentra preso desde 2013 en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana y debería ser excarcelado recién en mayo de 2028, pero pidió que la Justicia revise su posible "liberación anticipada" al haber cumplido dos tercios de la pena, un beneficio que según el Código Penal no aplica para los delitos contra la integridad sexual.

El fiscal Mario Ravizzini calificó este pedido como "una falta de respeto a la víctima y a la sociedad". "Usted, señor Grassi, no puede estar en libertad bajo ningún punto de vista", sostuvo, y le solicitó al Tribunal que rechace el otorgamiento de la libertad condicional, lo que finalmente ocurrió.

En junio de 2009, el TOC N°1 de Morón sentenció al cura a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima. La Corte Suprema dejó firme la condena en 2017.