En lo que va de 2026, 104 mujeres fueron asesinadas en el marco de violencia de género. Dentro de la estadística aparece un fenómeno menos visible pero igualmente grave: los "suicidios femicidas", sobre los que poco se habla y que la Justicia desatiende. ¿Cómo se llega al número? ¿Cuán fidedigno es el dato? ¿por qué es tan difícil demostrar el delito?
El suicidio de Anabelia Ayala cobró gran notoriedad por ser la expareja de Junior Benítez, exjugador de Boca Juniors.
A 11 años de la primera marcha, el hostigamiento y la violencia machista expone su peor vigencia. Mientras, de lo que va del 2026 se registraron 104 femicidios y 233 intentos (según el último informe de Casa del Encuentro), pero las organizaciones alertan sobre las muertes inducidas por la violencia de género: historias de mujeres empujadas al límite en un contexto de desprotección judicial absoluta. Este tipo de crimen se conoce como suicidio femicida
Dentro de las estadísticas que alarman sobre la violencia machista aparece un fenómeno menos visible pero igualmente grave: las muertes inducidas por hostigamiento. Es decir, los decesos categorizados como suicidios femicidas por darse dentro del contexto de violencia de género, sobre los que poco se habla y que la Justicia desatiende.
De acuerdo con el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en 2026 se registraron oficialmente 3 casos de instigación al suicidio dentro del contexto de violencia de género mientras que un 17% de los agresores se quitaron la vida luego de cometer el crimen, lo que significa que 11 varones se mataron después de asesinar.
¿Cómo se llega a esos números? ¿Cuán fidedigno es el dato? Entre la falta de denuncias, informes psicológicos y estudios de trabajadores sociales desestimados, y sistemas judiciales sin perspectiva de género, probar la existencia del “instigamiento al suicidio” es muy difícil.
En principio hay que entender que recién en el al año 2019 se incorporó por primera vez la figura del “suicidio femicida” en los informes oficiales sobre violencia de género en Argentina, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La categoría surgió al detectarse casos en los que las víctimas fueron abusadas sexualmente y que su estado de vulnerabilidad las condujo al suicidio.
La licenciada Florencia Zitello (MM 49071), especialista en psicología forense y en el asesoramiento a víctimas de violencia familiar, dialogó con C5N y hbaló sobre la evaluación que realizan los psicólogos sobre mujeres que fueron vulneradas.
"El marco es ineludible para analizar el fenómeno: la violencia de género es física, simbólica, psicológica, social, económica y política. En ese contexto, donde el fenómeno es multicausal, la mujer se presenta a denunciar y, en ocasiones, es tratada de loca”, introdujo la especialista.
“A su vez, se suma que la violencia de género en el ámbito de la pareja suele ser crónico, sostenido en el tiempo y que viene, en muchos de los casos, con un bagaje de maltrato intrafamiliar en la infancia. Entonces eso hace que existan mecanismos ya fijados en la psiquis de la víctima como la “indefensión aprendida”, la “disociación” o también la “distorsión cognitiva” . Estos procesos hacen que los daños en ciertas conductas y formas de percibir la realidad se mantengan presentes y condicionen su manera de actuar", explicó.
Las distorsiones cognitivas son mecanismos mentales automáticos que alteran la realidad y generan malestar emocional donde el cerebro de la víctima activa filtros como minimizar, negar, culparse, enfocarse solo en lo positivo o resignarse para protegerse del trauma y sostener el vínculo con el agresor.
“La mujer víctima de violencia puede llegar a desarrollar afecciones de salud mental e incluso problemas de consumo”, explicó Zitello. En ese sentido, la profesional mencionó además los estudios avanzados en psicología que muestran, a través de resonancias y tomografías, que los cerebros de mujeres que sufrieron violencia de género presentan deterioro, evidenciando el impacto directo de esa condición.
Por lo tanto, “cuando la mujer permanece en un estado constante de alerta – con síntomas como taquicardia, sudoración, mareos o falta de aire— su conducta y comportamiento comienzan a deteriorarse. Esto provoca que, en muchos casos, se confundan o pasen inadvertidos problemas de índole psiquiátrica o personal, desvinculándolos de la violencia ejercida por la pareja. Por ello, resulta especialmente complejo evaluar y determinar situaciones de instigación al suicidio”, explicó la psicóloga.
Esa no es la única razón por la que resulta complejo demostrar el hostigamiento que empuja a una mujer a quitarse la vida. La constante revictimización constituye otro factor decisivo, ya que muchas víctimas de violencia terminan desistiendo del proceso o no logran reunir pruebas suficientes para imputar al agresor.
Ser víctima de violencia de género impacta en el equilibrio emocional, deteriora la salud mental, y puede convertirse en un factor desencadenante de conductas suicidas, donde la muerte aparece como una vía de escape al sufrimiento. En muchos casos, para evitar ser catalogadas como “locas” o “inestables” —y que se reste credibilidad al relato— las mujeres eligen el silencio.
Pero, si deciden avanzar se enfrentan con un sistema judicial que funciona como un aparato de protección del agresor. “Partiendo de la base de que gran parte de las víctimas no realiza la denuncia, aquellas que sí lo hacen deben atravesar un proceso de revictimización. Esto ocurre porque muchas mujeres desconocen los procedimientos judiciales y terminan realizando exposiciones civiles en las comisarías, las cuales no se transforman en denuncias formales”, explicó la especialista en violencia de género.
El proceso de denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, comienza en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), ubicada en Lavalle 1250 donde la víctima puede llegar a esperar entre 3 a 10 horas, mientras es entrevistada y sometida a un procedimiento que, lejos de brindar contención inmediata, prolonga su angustia y su exposición.
Si bien la Ley 26.485 establece la obligación de evitar la revictimización, en la práctica el circuito es desgastante. Primero son entrevistadas por un equipo de profesionales que, en muchos casos, terminan cuestionando, destratando o incluso justificando la violencia, todo en un espacio donde además están siendo filmadas.
Una vez concluida esa instancia, se sortea un juzgado que vuelve a contactarlas y es allí donde un juez decide qué medidas otorgar. Una vez dentro del proceso judicial, la mujer se ve sometida a múltiples pericias que en ocasiones, por falta de cuidado, puede cruzarse con su agresor, exponiéndose otra vez a situaciones de riesgo y angustia.
En las denuncias por violencia existen dos fueros: civil y penal. El fuero civil se ocupa de las medidas de protección, mientras que el penal aborda delitos tipificados como lesiones o amenazas. En este punto, se le consulta a la víctima si desea iniciar la acción penal, pero muchas mujeres sienten miedo y culpa ya que lo único que buscan es que la agresión cese, y les aterra denunciar penalmente por la complejidad del proceso y el temor de causar un daño al agresor, que en muchas ocasiones resulta ser el progenitor de los hijos en común.
De acuerdo a la Licenciada Zitello, “muchas mujeres llegan a una instancia penal sin visibilizar el nivel de violencia y es a través de un proceso terapéutico que ellas pueden llegar a dimensionar lo que les pasa. Porque hoy lo que más se puede visibilizar es la violencia física pero también hay violencia ambiental, violencia psicológica, simbólica, la económica que están totalmente naturalizadas sobre todo en este contexto socio político y económico que estamos atravesando hoy”.
Para avanzar en la investigación, la fiscalía exige pruebas. Si no hay lesiones visibles, testigos o registros, muchas causas se desestiman, obligando a la mujer a reunir evidencias por su cuenta. Este entramado judicial resulta dañino y revictimizante, ya que sostener audiencias y evaluaciones es muy difícil, especialmente cuando hay niños involucrados.
La “instigación al suicidio” en Argentina tiene una pena de entre 1 a 4 años tipificadas en el Artículo 83 del Código Penal. Acreditarlo judicialmente exige demostrar más allá de toda duda razonable, el vínculo causal directo entre el accionar del agresor y la decisión de la víctima dentro del contexto de violencia de género.
Los principales obstáculos incluyen la multicausalidad psicológica, indicada por la especialista consultada por este medio, que hace que las autopsias psicológicas no siempre sean concluyentes. Además, la necesidad de probar el dolo, es decir, que el agresor haya tenido la intención específica de provocar la muerte.
Y se suma la escasez de pruebas directas, dado que el maltrato suele ocurrir en la intimidad sin testigos ni registros; y el hecho de que jurídicamente el suicidio se considera un acto voluntario de la víctima, lo que obliga a demostrar que su voluntad fue anulada o determinada por la presión psicológica del agresor.
Uno de los casos que tomó trascendencia mediática fue el protagonizado por Oscar "Junior" Benítez, exfutbolista de Lanús y Boca Juniors que se encuentra actualmente detenido cumpliendo una condena de cinco años de prisión por ejercer violencia, coacción y amenazas contra la familia de su expareja, Anabelia Ayala.
Además, afronta otro proceso judicial por la muerte de la joven donde la familia de la víctima busca demostrar ante la justicia que su hija fue instigada al suicidio en un contexto de violencia de género.
La familia de la joven de 29 años denunció que ella sufría hostigamiento y amenazas de su agresor, mientras aguardan un juicio por violencia de género. El 1° de enero de 2024, Anabelia decidió quitarse la vida.
La estrategia judicial por parte de la querella busca centrarse en las intimidaciones de Junior Benítez, quien amenazaba a Anbela que mataría a sus padres. “Si no te tirás, mato a toda tu familia”, relató Rodrigo Tripolone, abogado de los padres de Ayala.
Sus familiares sostienen que no fue un suicidio voluntario, sino un femicidio, y cuestionan la condena de cinco años por agresiones y la tipificación de “instigación al suicidio” sin el agravante de género. A su vez, insisten en que el caso debe marcar un precedente y, si no prospera la vía judicial, impulsarán una reforma legal.
Mientras tanto, avanzan en pruebas y pericias para llevar a juicio a Benítez, los padres de la joven crearon la Fundación Anabelia Ayala para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género.
“Anabelia Ayala no quería morir. Fue víctima de un hombre narcisista, manipulador y violento, que la sometió física y emocionalmente, que la aisló de su entorno, que la controló cada minuto de su vida y la hizo sentir sola, vulnerable y sin salida. Que su historia sirva para visibilizar la violencia", expresan desde la fundación.
¿Necesitás ayuda?
Podés comunicarte a la Línea 144 (atención gratuita, las 24 hs, todos los días).
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