Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, en el marco de la causa en la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tienen un plazo de diez días hábiles.
La expresidenta Cristina Kirchner.
El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°2 ordenó que Cristina Kirchner y el resto de los condenados por el caso Vialidadpaguen $684.990.350.139,86 en un plazo de diez días hábiles. Se trata de la causa en la que la expresidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En un fallo judicial, el TOF 2 intimó a Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe a pagar el dinero en una cuenta especial que la Justicia abrirá en el Banco Nación. En caso de que no lo hagan, sus bienes podrían ser ejecutados.
En tal sentido, el tribunal encabezado por el juez Jorge Gorini argumentó que la ejecución de bienes se realizaría como "determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción".
En tanto, la resolución no aclara el monto que deberá abonar cada condenado debido a que no hizo alusión a cómo se dividirá el monto del decomiso, sino que sólo se refiere a la cantidad de dinero en total.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el viernes, por decisión mayoritaria, que la expresidenta Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica y convalidó las restricciones a las visitas durante el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por el caso Vialidad.
Por unanimidad, y de conformidad con lo solicitado por el fiscal general ante la instancia, Mario Villar, el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Mariano Borinsky -como presidente-, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desistieron del recurso de Casación interpuesto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían peticionado que la expresidenta cumpliese su pena dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
También resultó unánime el rechazo del recurso de Casación del Ministerio Público Fiscal sobre el pedido que formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual. Al respecto, tuvieron en cuenta que el tribunal oral se valió -para fijarlo- de un informe socio-ambiental favorable, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y remarcaron que habían cesado las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.
En su voto, Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que por el momento no existen motivos para obligar a un cambio de domicilio, aunque a futuro podrían evaluarse otros sitios alternativos en caso de que sea necesario para "preservar la tranquilidad pública y la paz social", indica la resolución.
De este modo, la principal referente del peronismo seguirá con prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
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