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Una detención en la víspera

Los rumores y las publicaciones aventuran que el máximo tribunal confirmará la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos para la expresidenta. El sábado, entre tanto, la Policía Federal se sacó las ganas y envió un mensaje.

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  • -A la hora de decidir el anuncio de su candidatura, ¿toma en cuenta que la Corte Suprema de Justicia podría definir en el corto plazo su surte en el caso Vialidad?

    -Lo dije siempre: Muerta o presa. Pero no es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenes que tomar.

    La frase corresponde a Cristina Kirchner. La pronunció el lunes en C5N en el marco de la entrevista que le concedió a Gustavo Sylvestre y el equipo de Minuto 1. Y, en efecto, no se detuvo.

    Un rato más tarde , se le escucharía decir, entre colaboradores, que si se detiene a pensar en lo que pueda resolver, o no, la Corte Suprema de Justicia no podría trabajar. Y, en un contexto de crisis de representatividad, detenerse no es un lujo que pueda darse un líder.

    En su entorno, sin embargo, el espíritu es otro. El impacto de los trascendidos, los rumores y las publicaciones que aventuran que el máximo tribunal confirmará la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos impide pensar en otra cosa. Hace días se diseñan operativos de comunicación y de contención callejera. Se redujeron al mínimo los mensajes de whatsapp por temor a intercepciones. Protocolos de la vieja militancia.

    Lo que definitivamente se detuvo fue la interna. El encuentro entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof a mitad de semana marcó el camino. Antes, incluso, la expresidenta le había bajado a los propios la línea de no responder declaraciones polémicas que pudieran venir de dirigentes vinculados al gobernador bonaerense. Funcionó. La ex mandataria recobró la centralidad y en estas horas todos parecen estar dispuestos a seguir sus directivas y consejos.

    El sábado, desde Corrientes, la dos veces expresdienta le dio una segunda vuelta de tuerca a lo que había dicho el lunes en los estudios de C5N. “Salió el anuncio (de que sería candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral) y se desataron los demonios. Y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa”, resaltó la titular del Partido Justicialista que, en la misma frase, llamó a “no enojarse” y a estar “atentos”.

    Antes de cerrar el discurso que dio junto al candidato a gobernador de esta provincia, Martín “Tincho” Ascúa, pidió que la dejen competir y que, en todo caso, la derroten políticamente.

    Mientras tanto en la Corte…

    Más allá de que en el Instituto Patria hace semanas que creen que está por salir el fallo de la Corte, lo cierto es que el primer movimiento concreto ocurrió esta semana después de las declaraciones de CFK. El miércoles, el máximo tribunal rechazó la recusación que la defensa de la expresidenta había presentado contra el juez Ricardo Lorenzetti por declaraciones que dio a un medio y por otras que le fueron atribuidas. El fallo llevó las firmas del propio Lorenzetti y de sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

    Desde entonces se instaló con más fuerza la idea de que el fallo de la Corte en la Causa Vialidad estaba por salir. Fuertes editoriales en medios radiales y gráficos de tirada nacional llegaron a ponerle fecha al fallo. El máximo tribunal permaneció en su habitual silencio, aunque todo indica que la presión no fue inocua.

    Los mismos voceros oficiosos de la Corte que solían decir meses atrás que el fallo sobre Vialidad saldría “a fin de año”, para no interferir en el proceso electoral, ahora ya no lo dicen. “La orden es no hablar”, repiten ahora. En una entrevista, a principios de mayo, Lorenzetti le dijo al periodista Luis Novaresio que no hay ninguna razón para demorar más el fallo de Vialidad.

    No existe en el mundillo judicial ni político alguien que crea que la Corte revisará, como pretende la defensa de Cristina Kirchner, la condena y revocarla. Es algo que puede aventurarse con solo repasar el trámite de la causa: hasta acá no hicieron efecto los planteos que indican que se están juzgando obras que no fueron peritadas ni que en el caso intervinieron jueces de vínculo social reconocido con el expresidente Mauricio Macri. Nadie espera que esta sea la primera vez.

    A pesar del hermetismo, este medio pudo saber que cada uno de los jueces ya tiene masticada su posición. La diferencia más grande estaría en el cuándo: arribar a una decisión final antes del 19 de julio, fecha en el que se sellan las candidaturas provinciales, podría ser leído como una proscripción. En cambio, tomar decisiones intermedias como “abrir” el recurso fiscal para que se evalúe la aplicación de la figura de la asociación ilícita postergaría una definición y devolvería la pelota al campo de la política. A uno de los jueces se le atribuye el haber pensado esa idea e incluso la de simplemente postergar la definición hasta después del 19 como estaba previsto originalmente, si mayor explicación. La Corte maneja sus causas y son más de mil las que llegaron al máximo tribunal antes que la de CFK. Una, por caso, es la del espionaje a los familiares de los tripulantes del submarinismo San Juan, por la que supo estar procesado Mauricio Macri.

    Una detención en la víspera

    El sábado, entre tanto, la Policía Federal de Patricia Bullrich se sacó las ganas y ejecutó una detención en la víspera. Fue la del dirigente político y social Juan Grabois, por encabezar la ocupación pacífica del instituto Juan Domingo Perón. Había decenas de militantes allí pero se lo llevaron a él y a Valentín Peralta Ramos. Todo un mensaje.

    En una conferencia de prensa, horas más tarde, el titular de la Policía Federal Luis Alejandro Rolle sostuvo que la decisión de efectuar detenciones a quienes toman un edificio público fue en línea con las “directivas” del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich. Lo que se la pasó por alto fue el detalle que de todos los presentes habían detenido solo a dos. No dijo nada sobre el papel de los jueces en ese tipo de procedimientos. Pequeño olvido.

    La declaración del jefe de la PFA despeja algunas incógnitas que el propio ministerio de Seguridad evitó responder en expedientes judiciales. En la causa en la que se investiga la brutal agresión al fotógrafo Pablo Grillo, a la que le dispararon con una posta de gas lacrimógeno en la cabeza, la justicia reclamó saber quiénes estaban en la sala de operaciones desde donde se monitorean y se dirigen los operativos represivos. No hubo repuesta.

    Las pistas, de todas formas, son difíciles de ocultar: la detención de Grabois, el disparo a Grillo, la agresión con gas lacrimógeno a la niña Fabricia Pegoraro -por la que ya hay un policía procesado- ¿son “excesos” de los efectivos o resultado de directivas que vienen de más arriba? Quizás Rollé podría responderlo.

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