Juan Carlos Maqueda dejó la Corte Suprema de Justicia. El viernes fue su último día laboral. Con 74 años (al borde de los 75, que cumplió el domingo) se despidió de su despacho en el cuarto piso de los tribunales de la calle Talcahuano, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, e inició su camino de salida. Apenas habían pasado las 13.30 y junto a él empezaron a caminar personas que se aceraban a saludarlo. Secretarios y secretarias, empleados, maestranza, conocidos y otros con los que no había trabado vínculo. Vestido de traje, y con el pelo y la barba larga, no se privó de levantar los brazos y aparecer en sus últimas fotos en ese edificio como un verdadero juez peronista. Cuando llegó al sector de las escalinatas que dan a la calle, a la gente que lo despedía se le sumó una banda musical de la Policía Federal. Hicieron sonar la melodía de la canción ¿Quién se ha tomado todo el vino?, de La Mona Jiménez. Un guiño cordobés.
Un rato antes, en su última reunión de acuerdo, Maqueda le estampó su firma a un fallo de alto impacto. Votó para que en el denominado caso “Levinas”, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal intervenga como revisor de las sentencias de la justicia nacional ordinaria, erigiéndose como una instancia más antes de que esos casos puedan llegar a la Corte. Conformó la mayoría con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti y con Ricardo Lorenzetti, quien en los últimos días no le había ahorrado críticas de despedida.
maqueda corte.jpg
Juan Carlos Maqueda se retiró entre aplausos.
Se trata de un caso que estaba siendo mirado por la justicia nacional, por la política y por los abogados de grandes estudios: podría ser invocado de antecedente para los casos de la justicia nacional ordinaria (civil, comercial, laboral y penal), como el caso del concurso del Correo Argentino Sociedad Anónima, que interesa a la familia del expresidente Mauricio Macri.
La familia del exmandatario viene reclamando hace tiempo que el TSJ porteño intervenga en como revisor en el caso de Correo. Ese tribunal está integrado, entre otros, por un exfuncionario del gobierno de Macri (Santiago Otamendi) y por su candidata a encabezar la Procuración General de la Nación (María Inés Weinberg de Roca).
Los efectos del fallo “Levinas” no tardaron en aparecer. A los pocos minutos de la firma del fallo en ese caso, la Corte Suprema de Justicia usó esa resolución como base para enviar distintos incidentes del concurso del Correo Argentino S.A. al TSJ porteño.
“Por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha en la Competencia CSJ 325/2021/CS1 ‘Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de competencia’, se establece que en el sub examine el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la ley 48 y, consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, sostuvo el máximo tribunal un una de las resoluciones a las que accedió C5N.
En esa resolución se aclaró que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia en el caso Levinas, lo que significa que con la salida del juez Maqueda de la Corte, se deshace la mayoría que firmó en ese caso. “Establecer al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como alzada de tribunales nacionales —creados por leyes del Congreso de la Nación, integrados por magistrados designados por órganos constitucionales del gobierno nacional, sujetos a un régimen disciplinario también nacional y cuya competencia está regida por normas de ese mismo carácter— supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino”, firmó Rosenkrantz.
“Concretamente, ello implica que el Tribunal Superior de Justicia pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional. Esta transformación no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”, profundizó.
Entre los incidentes de ese caso del Correo, uno tiene que ver con la recusación con la que el grupo Socma pretende apartar a la fiscal ante la cámara comercial, Gabriela Boquin, quien hace años destapó un intento del entonces gobierno de Macri por condonarle al Correo Argentino S.A, de su familia, la mayor parte de la deuda.
El fallo del caso Levinas y sus primeras interpretaciones proliferaron rápidamente entre los judiciales. Estallaron los grupos de WhatsApp. Muy rápido, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) emitió un comunicado en el que definió la resolución como “un fallo a la medida de Macri”, que siempre quiso que el concurso del Correo Argentino S. A. pasara por manos del TSJ porteño.
“El objetivo del fallo es otorgarle al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires el control total de la Justicia Nacional (cabeza de una justicia local), sometiéndola al arbitrio y control del partido político que gobierna la Capital Federal desde hace décadas”, sostuvieron desde la UEJN, con la firma de Julio Piumato, en el comunicado que concluyó con una convocatoria a “una gran Jornada Nacional en defensa de la Justicia Nacional y la Constitución Nacional”.
Con la salida de Maqueda, la Corte pasa a estar integrada por solo tres jueces: Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Como ya se dijo desde esta columna, en un máximo tribunal que se presume de cinco miembros, la mayoría se conforma con tres votos, lo que equivaldría en este caso a la unanimidad tan difícil de lograr.
Una negociación dinámica
¿Qué pasaría si no hay coincidencia en el criterio de los tres integrantes que quedan en la Corte? Durante diciembre, el máximo tribunal produjo una acordada en la que se estableció que cuando no se alcancen las mayorías, se dispondrá a la brevedad el sorteo de los conjueces y que estableció que un mismo conjuez resuelva siempre los casos análogos para evitar disparidad de criterios. Esa acordada fue lograda por una mayoría integrada por Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, mientras que Lorenzetti votó en disidencia.
Esas diferencias de criterio son la que el gobierno de Javier Milei espera que se multipliquen para usar de excusa para nombras jueces en la Corte Suprema en comisión.
“Esto es dinámico”, repite un importante vocero del Poder Ejecutivo en materia judicial a quienes le preguntan que plan tiene el Gobierno en su afán de completar la integración de la Corte Suprema.
Javier Milei
Milei espera que las diferencias de criterio se multipliquen.
En los últimos días, desde el Gobierno Nacional hicieron trascender que se había reabierto la negociación con la oposición para intentar lograr el consenso necesario en la Cámara de Senadores para que sean nombrados en el máximo tribunal el juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. Lo cierto es que esa “reapertura” solo apuntó a convencer a los opositores que siempre se mostraron cercanos al oficialismo y con ganas de sacarse una foto con los pulgares para arriba.
“Con nosotros no se reabrió ninguna negociación. El tema está congelado en el mismo lugar desde hace meses. El gobierno quiere que le demos los votos para los dos candidatos. Nosotros proponemos uno y uno. Así se resuelve”, afirmó una fuente legislativa de Unión por la Patria, voz autorizada para referirse al tema Corte.
Para colocar un juez en el máximo tribunal se necesitan los votos de los dos tercios de la Cámara alta: el número mágico son 48 voluntades. De un total de 72, más de 30 responden a Unión por la Patria. Los números, por ahora, al gobierno no le cierran.