Aunque el Gobierno ya transmitió internamente —y comenzó a dejar trascender públicamente— que vetará en su totalidad las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y la distribución automática de fondos a las provincias (ATN), el peso simbólico y político de cada una abre interrogantes sobre cómo se administrará ese rechazo tras la derrota electoral del domingo en la Provincia de Buenos Aires. Las tres leyes podrían recibir el mismo sello administrativo, pero no enfrentan el mismo costo político ni despiertan la misma sensibilidad social.
En los pasillos de la Rosada no se desmiente el veto total, pero algunos movimientos recientes sugieren que, más allá del gesto público de firmeza, el Gobierno podría estar buscando vías alternativas para contener el costo político de la decisión. Uno de esos movimientos fue el anuncio, algo solapado, de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se integrará a la flamante "mesa federal" encargada de articular con las provincias. El dato pasó desapercibido en medio de la oficialización del ascenso de secretario del Interior, Lisandro Catalán, al rango de ministro, pero en la práctica representa una señal: tras la derrota electoral, la Casa Rosada busca reabrir canales de diálogo con los gobernadores, y esto se podría traducir en reasignación de partidas para las provincias.
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El caso del Garrahan concentra buena parte de las alertas. La ley fue votada por una mayoría amplia: superó la barrera de los dos tercios (necesarios para rechazar un veto) en ambas cámaras y carga con un fuerte componente simbólico. Vetarla podría ser funcional al discurso del “no hay plata”, pero también tiene alto riesgo político y social. El antecedente inmediato de la insistencia del Congreso con la ley de emergencia en discapacidad dejó claro que, en temas sensibles para la sociedad, el Gobierno puede quedar una vez más en offside. Por eso no se descarta que el Gobierno habilite algún canal alternativo de asistencia, aunque las fuentes oficiales no lo reconozcan públicamente.
Algo similar ocurre con la ley de ATN, impulsada por gobernadores, incluidos varios que hasta ahora se mostraron dialoguistas con la Casa Rosada. El veto sería una forma de marcar autoridad y rechazar “la caja automática”, pero también puede escalar el conflicto con las provincias, en especial si no hay algún tipo de compensación. La presencia de Luis Caputo en la foto oficial sugiere que podría haber margen para fondos puntuales, gestionados caso por caso, para evitar un choque mayor con los mandatarios. Además, antes de que se sancione esta ley, el Gobierno había presentado una propuesta propia: devolverle a las provincias el excedente a fin de cada año fiscal, en lugar de mensualmente. Si bien la alternativa era mucho menos ambiciosa, el oficialismo ya se mostró permeable a ceder en este tema.
Respecto al financiamiento universitario, no está tan claro que existan posibilidades de que el Gobierno ofrezca alternativas por fuera de la ley. La norma estuvo a un voto de alcanzar los dos tercios en Diputados el último 6 de agosto, mientras que en el Senado los alcanzó con facilidad. Si se efectiviza la promesa del Ejecutivo, sería la segunda vez que se veta una ley de financiamiento para las universidades.
En definitiva, todas estas leyes —desde el financiamiento universitario hasta la emergencia sanitaria— deberían discutirse en el marco del Presupuesto, que este año fue prorrogado por segunda vez consecutiva. El próximo lunes 15 de septiembre, Javier Milei enviará al Congreso la ley de leyes y hará su presentación por cadena nacional desde la Casa Rosada, a diferencia del año pasado, cuando el primer mandatario se puso al frente de la presentación en el Palacio Legislativo en un acto novedoso y grandilocuente. El Gobierno tiene la oportunidad de incorporar en el texto alguna medida para estos sectores, mientras la oposición ya se prepara para intentar rechazar los vetos en una posible sesión prevista para el 17 de septiembre.
