Tras los anuncios por Malvinas, el Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en defensa y las sanciones a empresas por la explotación de recursos

Tras una cadena nacional en la que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei puso en marcha un paquete de medidas mediante la publicación de dos decretos clave en el Boletín Oficial: el aumento en el presupuesto en defensa y las sanciones a empresas por la explotación de recursos.

La iniciativa busca frenar el avance de proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte, como la iniciativa Sea Lion, y consolidar la presencia nacional en el Atlántico Sur.

Refuerzo presupuestario para el Ministerio de Defensa

Tal como lo adelantó el jefe de Estado en cadena nacional, a través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto para reasignar partidas destinadas al Ministerio de Defensa.

Esta medida apunta a dotar de recursos inmediatos a las Fuerzas Armadas para garantizar tareas de control y servicios esenciales en el territorio y la plataforma continental argentina, en el marco de una estrategia estratégica a largo plazo.

“De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, advirtieron sobre la decisión de reforzar las políticas de defensa.

En esa misma línea, Milei puntualizó que "el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, remarcó.

Facultades a Cancillería para aplicar sanciones

Por otro lado, mediante el Decreto 868/2026, se designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. La norma establece que todos los organismos públicos deberán informar en un plazo de cinco días hábiles cualquier actividad petrolera no autorizada en el área del archipiélago.

En ese sentido, se especifica que Cancillería podrá iniciar sumarios administrativos a empresas infractoras, con plazos ágiles para descargos y resoluciones. Si hay indicios suficientes, la autoridad de aplicación tendrá la obligación de notificar al presunto infractor: el trámite administrativo tardará aproximadamente 20 días

Además, se exigirán declaraciones juradas inhibitorias de la Ley 26.659 para tramitar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y concesiones bajo la Ley de Hidrocarburos. En ese sentido, estas deben especificar que que ni las empresas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

“El avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe explotando nuestros recursos”, advirtió el Presidente en cadena nacional.

Anuncios adicionales de seguridad y proyección marítima

Además de los decretos, el mandatario anunció el envío al Congreso de un paquete legislativo para crear un Consejo de Seguridad Nacional, un marco de protección aeroespacial y marítima, y la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia con el objetivo de reforzar la presencia argentina en la región subantártica.

“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, aseveró Javier Milei.