El presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto al Congreso cuyo eje será la "defensa de la soberanía nacional", en el marco de una cadena nacional que brindó acerca del reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa fue presentada frente al avance británico sobre el territorio.
Durante la cadena nacional, que duró cerca de 15 minutos, el jefe de Estado detalló el contenido del proyecto que girará al Congreso vinculado a las Islas Malvinas. "Estaré enviando al Congreso con carácter de urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos: primero, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas", expresó.
En tal sentido, se refirió al agravamiento de las penas: "Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público y privado, y se dispondrá cuando corresponda de la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las Islas que afectan nuestros recursos naturales".
En tanto, señaló que el proyecto buscará construir un trabajo mancomunado entre distintas áreas del Gobierno: "En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación".
"Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional", añadió.
Malvinas: el Gobierno advirtió que "no alcanza con sostener nuestro reclamo"
En este marco, la administración libertaria emitió un comunicado en el que se refirió a las medidas del Gobierno vinculadas con las Islas Malvinas: "La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha dispuesto la firma de un decreto reglamentario y el envío de un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación, en respuesta al avance del condenable proyecto Sea Lion hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina".
También recordó la ocupación del Reino Unido. "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinas. Por historia y por derecho. Las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra Nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que continúa hasta nuestros días", señaló el texto.
En este marco, se refirió a la postura del Gobierno. "Recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos", remarcó.
"Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos", agregó.
El comunicado de la Oficina del Presidente.
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En tanto, precisó el contenido de la iniciativa anunciada por Milei: "Frente a esto, se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas".
"Además, se establecerá un régimen de protección de infraestructuras criticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, se profundiza la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país", marcó el comunicado de la Oficina del Presidente.
En esta línea, afirmó que "la Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía deben actuar de manera coordinada. Una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía".
Por último, la administración libertaria advirtió que debe haber unidad: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo. Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección".
Qué dice la Ley 26.659 y qué sanciones establece para las empresas que operen en Malvinas
La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.
Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:
- Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
- Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
- Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
- Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
- Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
- En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.