Tras la caída del capítulo de tierras, el Senado debatirá este jueves el proyecto sobre propiedad privada

El Senado debatirá este jueves desde las 14 el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo cediera en la eliminación del capítulo que permitía la venta de tierras rurales a extranjeros debido al rechazo de los gobernadores y a la falta de votos.

La iniciativa impulsa modificaciones profundas al Código Civil y Comercial con el fin de agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, fija nuevos límites a las expropiaciones del Estado, flexibiliza las normas sobre terrenos incendiados y facilita la entrega de escrituras de viviendas únicas.

El Gobierno debió retirar el punto que fijaba un tope del 25% para la compra de campos por parte de firmas internacionales por la oposición de los mandatarios provinciales. Previamente, la bancada oficialista tuvo que dar de baja los cambios en la ley de barrios populares ante las críticas de la Iglesia frente al temor de que pudieran ocurrir desalojos masivos.

Antes de la discusión del texto central, el pleno de la Cámara alta resolverá los pedidos de participación a distancia presentados por dos legisladores. La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti solicitó intervenir de manera virtual porque atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que el senador por Catamarca Flavio Fama requirió la misma modalidad a raíz de una cirugía de rodilla.

Ambas solicitudes contaron con el aval inicial de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero la decisión final requiere la convalidación en el recinto. La votación abrirá un debate político entre las bancadas sobre si la aprobación de la presencialidad remota exige mayoría simple o el respaldo de los dos tercios de los senadores presentes.

El dictamen oficial modifica los mecanismos de desalojo, las expropiaciones y el uso del suelo

En materia de ocupaciones ilegales, el texto establece un procedimiento de desalojo exprés para terrenos o viviendas usurpadas. Un juez podrá ordenar la entrega inmediata del bien dentro de las 72 horas si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria", mientras que para los inquilinos morosos fijará un plazo de al menos 10 días tras recibir la notificación formal.

Respecto a las expropiaciones, la declaración de "utilidad pública" se aplicará de forma restrictiva y el Estado deberá fundamentar con claridad sus motivos. Además, el proyecto impone un tope del 30% de indemnización por ganancias no percibidas y fija una tasa de interés basada en la inflación más la tasa a 30 días del Banco Nación.

En cuanto a la ley de manejo del fuego, la propuesta deroga la prohibición de 30 años para cambiar el uso agrícola o ganadero de campos quemados. Para los bosques nativos arrasados por incendios, la norma mantiene el veto al cambio de destino, pero elimina el límite previo de 60 años.

Por último, el proyecto modifica la ley de regularización de dominio para que las familias con una posesión pública y continua durante 10 años puedan tramitar la escritura formal de su vivienda única.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marcharán al Congreso en rechazo al proyecto oficial

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ratificaron una movilización frente al Congreso a partir del mediodía de este jueves. La protesta se mantendrá a pesar de la marcha atrás del oficialismo en el capítulo sobre tierras rurales, con la adhesión de ATE, sectores de Parques Nacionales y agrupaciones ambientales.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, los dirigentes sindicales explicaron que la medida responde a que el texto conserva modificaciones en desalojos, el uso del fuego y las facultades del Estado. Al respecto, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país".

CGT

Por su parte, el referente de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, definió al proyecto como una iniciativa de "extranjerización, coloniaje y fragmentación" que afecta la capacidad de regulación del Estado. En esa misma línea, las distintas organizaciones ratificaron concentraciones paralelas en varios puntos del país para exigir la suspensión del tratamiento parlamentario.