Tras el revés en Diputados, Patricia Bullrich patea la reforma laboral hasta febrero

En un giro inesperado, luego de una reunión en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich anunció que el debate de la reforma laboral se postergará para el 10 de febrero. La intención original del oficialismo era conseguir dictamen este jueves para tratar el proyecto en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre, pero el escenario político terminó obligando a recalcular.

El anuncio llegó horas después de la sesión en la Cámara de Diputados en la que cayó el capítulo del Presupuesto que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad y se cerró un acuerdo para la designación de los representantes de la AGN, una votación que tensionó acuerdos previos y dejó furiosos a varios sectores, entre ellos, al PRO.

Aunque el dictamen de la reforma laboral se firmó, Bullrich explicó que quedará abierto a modificaciones y seguirá vigente para un próximo llamado a sesiones extraordinarias. “Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a cambios y tomar en cuenta el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley”, justificó, al anunciar que el tratamiento se pateará para febrero.

La postergación se produjo tras dos jornadas intensas de reuniones, que se desarrollaron ayer y hoy, con la participación de distintos sectores invitados a exponer durante horas sobre el alcance de la reforma laboral. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron no solo el contenido del proyecto sino también las condiciones en las que se llevó adelante el debate.

El trasfondo de la postergación estuvo marcada por el revés que sufrió el oficialismo durante esta madrugada, cuando cayó el Capítulo XI del Presupuesto —el que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad— en la Cámara de Diputados y se designaron, en un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y el gobernador Gustavo Sáenz, los representantes de la Auditoría General de la Nación. Ambas cuestiones detonaron acuerdos y tuvieron un efecto cascada que se sintió horas después en el Senado, obligando a Bullrich a desacelerar su estrategia.

Ahora, explican desde el oficialismo, el foco estará puesto en la aprobación del Presupuesto. Para este viernes a las 10 está convocada la comisión en el Senado con el objetivo de emitir dictamen y sesionar el próximo 26 de diciembre. Allí, el Gobierno buscará reinsertar el Capítulo XI que fue rechazado por 123 votos contra 117, luego de que algunos aliados se desmarcaran por la negativa del oficialismo a separar el artículo 75 del resto del articulado. Entre ellos, legisladores de Tucumán, Catamarca y uno de los tres diputados por Salta.

Si el Senado logra reincorporar ese capítulo en la redacción del Presupuesto, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados. Allí se abren dos caminos: insistir con la redacción original, que no incluye el capítulo cuestionado, o aceptar los cambios introducidos por la Cámara alta. Dado que este primer tramo de las extraordinarias finaliza el 30 de diciembre, el lunes 29 aparece como la última posibilidad para que Martín Menem convoque a sesión, siempre y cuando se logre reinsertar el capítulo que deroga las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

La impugnación a las comisiones

El debate de la reforma laboral quedó atravesado, además, por una fuerte controversia en torno a la conformación de las comisiones del Senado. Los senadores del peronismo decidieron no integrarlas formalmente, aunque sí participaron de las reuniones, al considerar irregular su armado.

Desde el peronismo denuncian una “estafa” en la integración: sostienen que Bullrich conformó una mayoría circunstancial de 44 senadores para quedarse con sillas y presidencias que, según su interpretación, le correspondían al bloque justicialista. Por ese motivo, resolvieron no convalidar el esquema y no figurar en la nómina oficial de las comisiones.

El interbloque opositor —que reúne al bloque Justicialista (21), Convicción Federal (5) y el Frente Cívico por Santiago (2), con un total de 28 senadores— habla de una “triple trampa”. En primer lugar, aseguran que el oficialismo y sus aliados no cuentan aún con 44 senadores sino con 43, ya que el reemplazo de Lorena Villaverde todavía no juró, pero aun así realizaron el reparto de lugares como si el número estuviera completo. En segundo término, afirman que incluso con 44 senadores, el oficialismo se adjudicó dos lugares más de los que le corresponderían en las comisiones. Y, por último, cuestionan el plazo otorgado para analizar lo que califican como una “nueva ley ómnibus”, al considerar inabarcable estudiar una reforma de semejante magnitud en apenas 48 horas de trabajo con expositores.

El cruce quedó expuesto cuando Bullrich, al defender la firma de un dictamen que —según explicó— ya incorporó cambios y podría seguir modificándose, deslizó en tono irónico: “Tal vez firman el nuestro”, dirigiéndose al senador Mariano Recalde.

La respuesta fue inmediata y tajante: “No podemos porque todavía están cuestionadas las comisiones”, retrucó el legislador peronista, dejando en claro que la negativa no pasaba solo por el contenido del proyecto sino por el marco institucional en el que se estaba dando la discusión y por el desconocimiento de las modificaciones introducidas al texto.

Recalde fue además uno de los más duros con el contenido de la iniciativa. “No vemos nada moderno en esta ley que se llama modernización laboral”, afirmó. Y agregó: “No es cierto que sea una ley que vaya a beneficiar a los trabajadores. Tengan un poco de honestidad política: es para beneficiar a los empresarios y tengamos una discusión franca frente a la sociedad”. Para el senador, la reforma “es mala para los trabajadores, es un retroceso, menos derechos. No van a estar mejor, van a estar peor”.