Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, la Cámara alta dio luz verde al proyecto de la Casa Rosada que introduce cambios al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Una nueva victoria legislativa del oficialismo en la antesala de la discusión por la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
El Senado dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el oficialismo volvió a anotarse otra victoria parlamentaria en la previa de la Asamblea Legislativa que tendrá lugar el domingo en el Congreso, frente a la cual el presidente Javier Milei inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias.
La Cámara alta aprobó en la misma sesión el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y dio luz verde a la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. Antes de que comenzara el debate, efectivos de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que habían realizado una performance en el Congreso y también a un camarógrafo que quiso registrar los hechos.
La reforma de la Ley de Glaciares se realizó en la antesala de dos discusiones centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que serán tratadas este viernes por el Senado.
La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre "áreas periglaciares" y "geoformas periglaciares", y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.
Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
La propuesta de modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares apunta a flexibilizar el blindaje actual sobre el ambiente periglaciar. El objetivo central es redefinir los límites de estas áreas protegidas para abrir la puerta a la explotación industrial y extractiva en sectores que, bajo la normativa vigente, se encuentran inhabilitados para cualquier tipo de intervención económica.
El cambio clave radica en una nueva categorización de las "formas periglaciares". La iniciativa oficial propone distinguir entre las formaciones que actúan como reservas hídricas estratégicas y recarga de cuencas y aquellas que no cumplen este rol vital. De este modo, la protección legal dejaría de ser absoluta para todo el territorio periglaciar, quedando supeditada a que se demuestre fehacientemente su valor como fuente de agua.
Actualmente, la ley sancionada en 2010 ampara tanto a las masas de hielo visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por sedimentos y suelos congelados. Estos reservorios de agua dulce son fundamentales para el equilibrio geomorfológico y la regulación hídrica de las regiones cordilleranas. Con la reforma, aunque la prohibición se mantiene intacta para los glaciares propiamente dichos, se habilita el desarrollo de inversiones en zonas periglaciares sin función hídrica comprobada.
El proyecto ratifica la existencia del Inventario Nacional de Glaciares, el cual seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No obstante, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que coordinará las tareas de identificación. El organismo técnico tendrá la responsabilidad de mapear el territorio y determinar, caso por caso, qué formaciones periglaciares califican como protegidas y cuáles quedan liberadas para la actividad económica.
Bajo este nuevo esquema, se mantiene el veto sobre cualquier acción que pueda "alterar de modo relevante la condición natural" de las áreas protegidas. Esto incluye la prohibición de verter sustancias contaminantes, la construcción de infraestructuras de gran escala, la actividad industrial y, fundamentalmente, la exploración o explotación de minería e hidrocarburos en los sectores que logren conservar su estatus de protección.
Por el contrario, el marco normativo permite de forma explícita las investigaciones científicas, los protocolos de rescate ante emergencias y el desarrollo de deportes de bajo impacto y no motorizados, tales como el andinismo. De esta manera, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la conservación de los recursos estratégicos y la expansión de la frontera productiva en la zona andina.
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