La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recibió una carta firmada por 400 personas que exige la inmediata designación de un juez en la causa por el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrido en 1977 y presentado como un accidente de tránsito.
La misiva fue entregada a la presidenta del tribunal, Silvina Andalaf Casiello, en medio de la incertidumbre que dejó la renuncia del juez Marcelo Bailaque, involucrado en un escándalo por vínculos con el narcotráfico.
Monseñor Ponce de León, obispo de San Nicolás y una de las voces más firmes contra el terrorismo de Estado, murió el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, a la altura de Ramallo, cuando una camioneta interceptó su vehículo. Viajaba a Buenos Aires para presentar documentación sobre desaparecidos y violaciones a los derechos humanos en su diócesis.
La comunidad eclesial y de derechos humanos denuncia que la causa lleva décadas sin condenar a los responsables materiales e intelectuales. El fiscal federal Matías Di Lello había solicitado hace un año las indagatorias a exmilitares y empresarios involucrados, pero nunca se concretaron.
Carlos Horacio Ponce de León
El escrito entregado al tribunal reclama “no continuar agregando dilaciones que favorecen la impunidad” y pide un nuevo juez subrogante con urgencia. La renuncia de Bailaque será tratada el 1° de julio, y se menciona a Carlos Vera Barros como posible reemplazo.
Entre los impulsores del reclamo se encuentra Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, quien recordó que Ponce de León fue el segundo obispo asesinado por la dictadura, bajo la misma modalidad que monseñor Enrique Angelelli.
La Conferencia Episcopal Argentina, preocupada por el avance de la causa, creó una comisión especial para reunir información sobre el obispo asesinado. Tras el fallecimiento del exarzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, la comisión quedó integrada por el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Mauricio Landra, y el sacerdote Luis Liberti, quienes insisten en esclarecer el crimen.
El pedido a la Cámara busca saldar una deuda histórica con la memoria de Ponce de León y con la verdad pendiente sobre uno de los crímenes más emblemáticos de la última dictadura.
Los obispos ocupados y preocupados por Ponce de León
Los obispos argentinos, decididos a terminar con la impunidad en torno al asesinato de monseñor Ponce de León, crearon el año pasado —y ratificaron recientemente en la nueva conducción de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)— una comisión especial dedicada a su causa.
La misión de recolectar información y mantener viva la memoria del obispo recayó en el exarzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, figura de peso en la Iglesia, y en el sacerdote Luis Liberti, un clérigo estrechamente vinculado a la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, la comisión quedó sin presidente hace apenas 20 días, tras la muerte de Mollaghan. Actualmente, está integrada por el obispo auxiliar de Mercedes-Luján y titular de derecho canónico en la Universidad Católica Argentina (UCA), Mauricio Landra, y por Liberti, quien fue clave en el proceso de canonización de monseñor Enrique Angelelli.
Liberti también es coautor e investigador principal de La verdad los hará libres, la obra más completa sobre la relación entre la Iglesia y las dictaduras argentinas entre 1966 y 1983, publicada en tres volúmenes.
En su despedida, la CEA destacó “el renovado entusiasmo y la pericia” que Mollaghan dedicó a la memoria de Ponce de León en los últimos años.
La creación de la comisión especial, la publicación de La verdad los hará libres y la reciente visita ecuménica al museo de la ex ESMA reflejan el proceso de transformación y revisión histórica que la Iglesia católica argentina viene impulsando en las últimas décadas.